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Brasil busca a Amarildo
La desaparición de un obrero en una favela carioca tras ser detenido por la policía se convierte en nuevo blanco de las protestas
Casi 35.000 personas han desaparecido en el país desde 2007
María Martín
São Paulo
4 AGO 2013 - 01:50 CET
Marcha en São Paulo por la búsqueda de Amarildo de Souza. / Miguel Schincariol (AFP)
Amarildo de Souza, de 43 años, apenas tuvo tiempo de limpiar los
peces que pescó el pasado domingo 14 de julio cuando cuatro policías de
la llamada Policía Pacificadora, que actúa en las favelas de Río de
Janeiro, lo detuvieron. Eran las siete y media de la tarde y Amarildo se
fue con lo puesto. Nadie lo ha visto desde entonces.
Su búsqueda, que comenzó hace 20 días en los callejones de la comunidad de la Rocinha, ha sumado miles de simpatizantes y se ha convertido en una causa más para avivar las protestas que sacuden Brasil hace más de un mes.
Casi 35.000 personas, según el Instituto de Seguridad Pública, han desaparecido en Brasil desde 2007 sin que sus familiares sepan si esperarlas vivas o muertas.
Mientras que la mayoría de víctimas no tienen más visibilidad que la de un cartelito en una farola, la humilde familia de Amarildo, que cocina en un fogón pegado al retrete, ha decidido hacer ruido. “¿Cuántos Amarildos han desaparecido ya? ¿Cuántos quedan por desaparecer?”, se pregunta la sobrina del obrero Elaine Maria Dias da Costa, de 26 años. “Queremos tocar sus conciencias, que las autoridades nos den una respuesta, que por lo menos nos entreguen los huesos para poder enterrarle como se merece”, continúa Elaine por teléfono desde la Rocinha.
Las protestas, que ya clamaban por más seguridad y por el papel opresor de la policía militar brasileña, no han tardado en hacerse eco.
Este jueves, la mujer, los seis hijos, hermanos, sobrinos y vecinos de Amarildo organizaron la tercera protesta para reclamar una respuesta. La manifestación llegó hasta el rico barrio de Leblon, donde se encontraron con el grupo de manifestantes que está acampado frente a la casa del gobernador, Sergio Cabral (PMDB), uno de los líder más castigados durante las protestas.
A la marcha, que cortó el tráfico durante horas, se unieron también madres de víctimas de la violencia policial y decenas de simpatizantes de la causa que, gracias a las redes sociales, se defiende hasta en las protestas de SãoPaulo.
“Yo lucho para que los muertos también tengan voz, soy la portavoz de mi hijo”, decía Deize Carvalho, del Consejo de Derechos Humanos de Rio, cuyo hijo murió en manos de la policía en enero de este año. “Lo arrestaron por hurto y al día siguiente lo torturaron seis agentes que continúan trabajando. Le rompieron la mandíbula y todos los huesos. Después detuvieron a quien robó de verdad. No fue mi hijo”.
La organización Human Rights Watch afirma en su último informe que, según datos oficiales de los seis primeros meses de 2012, la policía fue responsable de 214 asesinatos en Río de Janeiro y de 251 en São Paulo. “El Estado aún no ha tomado las medidas necesarias para asegurarse de que los policías que cometen abusos rindan cuentas”, alerta el documento.
Otra de las voces en la marcha era la de Antônio Carlos Costa, presidente de la ONG Rio de Paz. “Hace mucho tiempo que queríamos manifestarnos por los desaparecidos, pero estábamos esperando la ocasión adecuada. El caso de Amarildo nos ha dado la oportunidad de denunciar la cantidad de gente que desaparece y muere asesinada. Los cuerpos acaban en los muchos cementerios clandestinos que hay en la región, en la bahía, en lagos. Se lanzan a los animales, se incineran o se disuelven con ácido…”, explica Costa. La ONG organizó el miércoles un acto simbólico en la playa de Copacabana que denunciaba la desaparición de esas 35.000 personas que “serían muchas más” si todas las familias denunciasen. Costa también expone su temor a que las autoridades maquillen los datos. “El Gobierno no tiene transparencia y tememos que muchas desapariciones se mantienen como tal en la estadística aunque luego se sepa que se trata de un homicidio”.
El gobernador Cabral, cuya popularidad nunca ha estado tan baja según las encuestas, no recibió a la familia hasta diez días después de la desaparición del obrero.
Los gestos solo empezaron a verse cuando las autoridades entendieron que el caso de Amarildo podía perjudicar la imagen de la Policía Pacificadora, un grupo especial de la policía militar que tomó el control de 33 favelas, la mayoría en la acomodada zona sur, desde que en 2008 comenzaron a expulsar a los narcotraficantes. La UPP es la bandera de Cabral en cuestión de seguridad pública.
La voluntad de no manchar más la imagen del Gobierno y la perseverancia de los de Souza ha llevado a que la Policía Civil comience a investigar el caso desde la división de Homicidios. Pocos confían en que Amarildo esté con vida.
La ministra de la Secretaria Nacional de Derechos Humanos, Mariado Rosário, afirmó el viernes que la policía es la principal sospechosa de la desaparición de Amarildo.
Los investigadores, de momento, han confirmado que de las 84 cámaras que graban la vida de los más de 70.000 vecinos de esta comunidad, precisamente las dos que vigilan la comisaría de la UPP no funcionaban. Tampoco funcionaba el GPS de los coches patrulla, que podría ayudar a los agentes a seguir el rastro del arrestado.
La Policía Militar, a la que pertenece la UPP, ha defendido desde el comienzo que Amarildo dejó a pie la comisaría –versión que no puede demostrarse sin las cámaras -. Ahora, dice, investiga las llamadas de unos móviles requisados a sospechosos de tráfico de drogas durante una operación que el día antes de la desaparición de Amarildo se saldó con 48 detenidos. La pesquisa de los militares apunta a que quieren relacionar la desaparición del obrero con un ajuste de cuentas.
“La posibilidad de que esté involucrado en el tráfico no existe. Él solo fue a comprar tabaco. Se grabó su entrada en la comisaría y no la salida. ¿Si creen eso por quÉ no presentan ninguna prueba?”, reclama la sobrina.
El mismo silencio que las autoridades mantuvieron durante la primera semana de la desaparición de Amarildo se sintió en los principales medios de comunicación brasileños, uno de los blancos principales de las críticas de los manifestantes en todo el país. Solo el viernes, 19 días después de su desaparición, los dos periódicos más leídos del país sustituyeron las breves referencias a Amarildo por reportajes sobre su caso e incluso llamadas en portada.
Su búsqueda, que comenzó hace 20 días en los callejones de la comunidad de la Rocinha, ha sumado miles de simpatizantes y se ha convertido en una causa más para avivar las protestas que sacuden Brasil hace más de un mes.
Casi 35.000 personas, según el Instituto de Seguridad Pública, han desaparecido en Brasil desde 2007 sin que sus familiares sepan si esperarlas vivas o muertas.
Mientras que la mayoría de víctimas no tienen más visibilidad que la de un cartelito en una farola, la humilde familia de Amarildo, que cocina en un fogón pegado al retrete, ha decidido hacer ruido. “¿Cuántos Amarildos han desaparecido ya? ¿Cuántos quedan por desaparecer?”, se pregunta la sobrina del obrero Elaine Maria Dias da Costa, de 26 años. “Queremos tocar sus conciencias, que las autoridades nos den una respuesta, que por lo menos nos entreguen los huesos para poder enterrarle como se merece”, continúa Elaine por teléfono desde la Rocinha.
Las protestas, que ya clamaban por más seguridad y por el papel opresor de la policía militar brasileña, no han tardado en hacerse eco.
Este jueves, la mujer, los seis hijos, hermanos, sobrinos y vecinos de Amarildo organizaron la tercera protesta para reclamar una respuesta. La manifestación llegó hasta el rico barrio de Leblon, donde se encontraron con el grupo de manifestantes que está acampado frente a la casa del gobernador, Sergio Cabral (PMDB), uno de los líder más castigados durante las protestas.
A la marcha, que cortó el tráfico durante horas, se unieron también madres de víctimas de la violencia policial y decenas de simpatizantes de la causa que, gracias a las redes sociales, se defiende hasta en las protestas de SãoPaulo.
“Yo lucho para que los muertos también tengan voz, soy la portavoz de mi hijo”, decía Deize Carvalho, del Consejo de Derechos Humanos de Rio, cuyo hijo murió en manos de la policía en enero de este año. “Lo arrestaron por hurto y al día siguiente lo torturaron seis agentes que continúan trabajando. Le rompieron la mandíbula y todos los huesos. Después detuvieron a quien robó de verdad. No fue mi hijo”.
La organización Human Rights Watch afirma en su último informe que, según datos oficiales de los seis primeros meses de 2012, la policía fue responsable de 214 asesinatos en Río de Janeiro y de 251 en São Paulo. “El Estado aún no ha tomado las medidas necesarias para asegurarse de que los policías que cometen abusos rindan cuentas”, alerta el documento.
Otra de las voces en la marcha era la de Antônio Carlos Costa, presidente de la ONG Rio de Paz. “Hace mucho tiempo que queríamos manifestarnos por los desaparecidos, pero estábamos esperando la ocasión adecuada. El caso de Amarildo nos ha dado la oportunidad de denunciar la cantidad de gente que desaparece y muere asesinada. Los cuerpos acaban en los muchos cementerios clandestinos que hay en la región, en la bahía, en lagos. Se lanzan a los animales, se incineran o se disuelven con ácido…”, explica Costa. La ONG organizó el miércoles un acto simbólico en la playa de Copacabana que denunciaba la desaparición de esas 35.000 personas que “serían muchas más” si todas las familias denunciasen. Costa también expone su temor a que las autoridades maquillen los datos. “El Gobierno no tiene transparencia y tememos que muchas desapariciones se mantienen como tal en la estadística aunque luego se sepa que se trata de un homicidio”.
Silencio de la Secretaría de Seguridad
A pesar de que la última vez que se vio a Amarildo fue en la comisaría de la UPP (Unidad de la Policía Pacificadora), la Secretaría de Seguridad Pública deRio ha guardado un inquietante silencio sobre el caso hasta hace pocos días.El gobernador Cabral, cuya popularidad nunca ha estado tan baja según las encuestas, no recibió a la familia hasta diez días después de la desaparición del obrero.
Los gestos solo empezaron a verse cuando las autoridades entendieron que el caso de Amarildo podía perjudicar la imagen de la Policía Pacificadora, un grupo especial de la policía militar que tomó el control de 33 favelas, la mayoría en la acomodada zona sur, desde que en 2008 comenzaron a expulsar a los narcotraficantes. La UPP es la bandera de Cabral en cuestión de seguridad pública.
La voluntad de no manchar más la imagen del Gobierno y la perseverancia de los de Souza ha llevado a que la Policía Civil comience a investigar el caso desde la división de Homicidios. Pocos confían en que Amarildo esté con vida.
La ministra de la Secretaria Nacional de Derechos Humanos, Mariado Rosário, afirmó el viernes que la policía es la principal sospechosa de la desaparición de Amarildo.
Los investigadores, de momento, han confirmado que de las 84 cámaras que graban la vida de los más de 70.000 vecinos de esta comunidad, precisamente las dos que vigilan la comisaría de la UPP no funcionaban. Tampoco funcionaba el GPS de los coches patrulla, que podría ayudar a los agentes a seguir el rastro del arrestado.
La Policía Militar, a la que pertenece la UPP, ha defendido desde el comienzo que Amarildo dejó a pie la comisaría –versión que no puede demostrarse sin las cámaras -. Ahora, dice, investiga las llamadas de unos móviles requisados a sospechosos de tráfico de drogas durante una operación que el día antes de la desaparición de Amarildo se saldó con 48 detenidos. La pesquisa de los militares apunta a que quieren relacionar la desaparición del obrero con un ajuste de cuentas.
“La posibilidad de que esté involucrado en el tráfico no existe. Él solo fue a comprar tabaco. Se grabó su entrada en la comisaría y no la salida. ¿Si creen eso por quÉ no presentan ninguna prueba?”, reclama la sobrina.
El mismo silencio que las autoridades mantuvieron durante la primera semana de la desaparición de Amarildo se sintió en los principales medios de comunicación brasileños, uno de los blancos principales de las críticas de los manifestantes en todo el país. Solo el viernes, 19 días después de su desaparición, los dos periódicos más leídos del país sustituyeron las breves referencias a Amarildo por reportajes sobre su caso e incluso llamadas en portada.
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