domingo, 23 de março de 2014
UCRÂNIA
Pensamiento crítico
Vicenç Navarro
Lo que no se está diciendo sobre Ucrania
18 mar 2014
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La gran mayoría de medios españoles están presentando la situación que ocurre en Ucrania como un alzamiento popular en contra de un gobierno corrupto y sumamente impopular. De ahí que esté generando una simpatía generalizada, favorecida por unos medios que, todavía estancados en la ideología de la Guerra Fría, ven a Rusia como el enemigo. Y puesto que Rusia había apoyado a ese gobierno, mientras que los que se le opusieron favorecían más su conexión con la Unión Europea, se explica la lectura tan favorable de la revuelta popular contra el gobierno, la cual ha acabado deponiéndolo, aun cuando dicho gobierno había sido elegido democráticamente.
Ni que decir tiene que la revuelta contra el gobierno depuesto ha sido una revuelta popular. Pero la realidad es más complicada que la que los medios anuncian. En realidad, no se ha señalado (con la excepción de Rafael Poch, corresponsal de La Vanguardia en Alemania) que hoy Ucrania es el único país de Europa donde existen miembros de un partido nazi en posiciones de gran poder. El partido nazi se llama paradójicamente Libertad (Svoboda) y sus miembros en el gobierno son el ministro de Defensa (Igor Tenyukh), el viceprimer ministro para Asuntos Económicos (Aleksandr Sych, que es el ideólogo del partido que ha presionado, entre otras medidas, para que se prohíba el aborto), el ministro de Agricultura Igor Shvaika (uno de los mayores terratenientes de Ucrania), el ministro de Ecología (Andriy Moknyk, que había sido la persona de contacto con grupos nazis europeos), el director del Consejo Nacional de Seguridad Andry Parubiy (y director de la milicia militar del partido), el Fiscal General del Estado (Oleh Makhnitsky), y el ministro de Educación Serhiy Kvit, entre muchos otros. El poder de este partido condiciona claramente al nuevo gobierno de Ucrania.
Dicho partido fue fundado en 1991, presentándose como el sucesor de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (ONU) fundada por un personaje, Stepan Bandera, clave en la historia reciente de Ucrania. El partido Svoboda lo presenta como su máxima inspiración. Fue definido como un héroe nacional en el año 2010 por el Presidente Victor Yushchenko, más tarde sustituido por el democráticamente elegido Yanukovich, el Presidente del gobierno depuesto como resultado de la revuelta popular. Este último gobierno retiró el honor que se había concedido a Bandera, aunque es más que probable que el nuevo gobierno lo restituya.
Bandera, cuyo homenaje conllevó la protesta de la Tribunal Europeo de Justicia (European Court of Justice), fue el mayor aliado del régimen nazi de Hitler en Ucrania, habiendo dirigido dos batallones que se integraron en las SS nazis alemanas en su lucha contra la Unión Soviética durante la II Guerra Mundial (según el Centro Simon Wiesenthal, esos batallones detuvieron a 4.000 judíos ucranianos, enviándolos a campos de concentración nazis en Lviv en julio de 1941). En los escritos de la organización fundada y dirigida por Bandera (ONU) se habla explícitamente de la necesidad de limpiar la raza, eliminando a los judíos. El Profesor de Historia de la Tufts University Gary Leupp, en su detallado artículo “Ukraine: The Sovereignty Argument, and the Real Problem of Fascism” (CounterPunch, 10.03.2014), del cual extraigo todos los datos que presento en esta primera parte del artículo, cita textos enteros mostrando el carácter nazi de dicha organización. Cuando la Alemania nazi invadió Ucrania, Bandera declaró su independencia, cuyo gobierno trabajó “muy próximo y hermanado con el nacionalsocialismo de la Gran Alemania, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, que está formando una nueva Europa”.
El partido dominante en el nuevo gobierno de Ucrania, Svoboda, se considera orgulloso heredero del ONU, y quiere purificar la sociedad ucraniana, persiguiendo violentamente a homosexuales, prohibiendo el aborto, estableciendo un orden jerárquico y disciplinado, enfatizando la masculinidad y la parafernalia militar, llamando a la expulsión de la mafia judía moscovita y eliminando el comunismo, comenzando por la prohibición del Partido Comunista y la persecución de sus miembros o intelectuales afines. Piensa también eliminar más tarde a todos los partidos. En realidad, el programa no puede ser más claro. En el año 2010, la web del partido indicaba “Para crear una Ucrania libre… tendremos que cancelar el Parlamento y el parlamentarismo, prohibir todos los partidos políticos, estatalizar todos los medios, purgar a todo el funcionariado y ejecutar (término que utilizan) a todos los miembros de los partidos políticos antiucranianos”. El Congreso Mundial Judío (World Jewish Congress) declaró a este partido como partido neonazi el mayo del año pasado.
¿Cómo es que un partido nazi está gobernando hoy Ucrania?
Las movilizaciones populares que terminaron con el gobierno eran en su mayoría movilizaciones espontaneas, con escasa estructura organizativa. De ahí que un grupo, incluso armado, con apoyo político internacional, pudiera adueñarse fácilmente de aquellas movilizaciones, jugando un papel importante en las etapas finales del movimiento popular. Y, por paradójico que parezca, tanto EEUU como la UE jugaron un papel clave en esta promoción. En realidad, EEUU más que la UE. Fue precisamente Victoria Nuland, responsable del Departamento de Estado para Asuntos Europeos y Euroasiáticos (una funcionaria de la ultraderecha dura nombrada por el Vicepresidente Cheney durante la Administración Bush, y que sorprendentemente fue mantenida en este cargo por la Administración Obama) la que apoyó más fuertemente y abiertamente al partido Svoboda, pues era el más antiruso de los grupos que existían en esas manifestaciones. Fue este personaje la que utilizó la famosa expresión “¡Que se joda la UE!” (“Fuck the EU!”), insistiendo en que el gobierno tenía que tener en cuenta a Svoboda, por muy mala imagen que ello creara. En realidad, dicho partido, en las últimas elecciones, solo ha recibido un 10% del voto. Pero su enorme influencia no deriva de su apoyo popular, sino de las maquinaciones que han tenido lugar, en las que el gobierno estadounidense y el alemán han jugado un papel central. Ambos desean expandir el área de influencia de la OTAN hacia el este de Europa, y ven la situación de Ucrania como favorable a ello. El miembro de Svoboda que es ministro de Defensa es favorable a la OTAN y ha estudiado en el Pentágono en EEUU.
¿Cuál es el futuro de Ucrania?
Hoy las elites gobernantes a los dos lados del Atlántico norte se encuentran en una situación conflictiva. Por un lado, está el complejo militar industrial de EEUU, que está muy a la defensiva (debido a los recortes tan notables del gasto militar del gobierno federal, resultado del hartazgo de la población estadounidense hacia las campañas bélicas que caracterizan la política exterior de EEUU) y que desea reavivar por todos los medios la Guerra Fría para justificar la recuperación de su papel central en el sistema político-económico estadounidense.
Pero esta estrategia choca claramente con los intereses financieros y económicos de la UE y también de EEUU. Rusia es el tercer socio comercial de la UE después de EEUU y China, con un intercambio comercial de más de 500.000 millones de dólares en 2012 (Bob Dreyfuss “Capitalism Will Prevent a Cold War Over Ukraine”, The Nation, 10.03.2014). Alrededor del 75% de todas las inversiones extranjeras en Rusia proceden de la UE, siendo Rusia la mayor proveedora de gas de la UE. Y el capital de los grandes oligarcas rusos está en bancos europeos, en su mayor parte en la City de Londres. Hoy, el gran capital financiero e industrial no desea una Guerra Fría. En realidad, gran parte del armamento de Rusia es construido hoy en Suecia y Francia (la última compra es de helicópteros, 1.700 millones de dólares). De ahí que por mucho que se hable de penalizar a Rusia, poca acción militar es probable que ocurra. No estamos en la primera página de la III Guerra Mundial, pero ello no implica que no estemos viendo el resurgimiento del nazismo, apoyado paradójicamente por élites gobernantes a los dos lados del Atlántico norte, que representa la mano dura necesaria para llevar a cabo las políticas de corte neoliberal que el gobierno ucraniano realizará para facilitar su integración en la UE.
TRADUÇÃO
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A grande maioria dos meios de comunicação espanhóis estão apresentando a situação verificada na Ucrânia como uma revolta popular contra um governo corrupto e impopular . Por isso está gerando simpatia generalizada, favorecido por alguns meios , ainda preso na ideologia da Guerra Fria , a Rússia como o inimigo. E uma vez que a Rússia apoiou o governo , enquanto que aqueles que se opunham a ele favorecido sobre a sua ligação com a União Europeia , a leitura como favorável da revolta popular contra o governo, que terminou explica deponiéndolo mesmo que o governo havia sido eleito democraticamente.
Escusado será dizer que a revolta contra o governo deposto foi uma revolta popular. Mas a realidade é mais complicada do que a mídia anunciado. Na verdade, não foi mencionado (com exceção de Rafael Poch , correspondente do La Vanguardia , na Alemanha ) , hoje Ucrânia é o único país da Europa em que um dos membros do partido nazista estão em posições de grande poder . O partido nazista chamado paradoxalmente Liberdade ( Svoboda ) e seus membros no governo são o ministro da Defesa ( Igor Tenyukh ) , Vice-Primeiro- Ministro da Economia ( Aleksandr Sych , que é o ideólogo do partido que levou , entre outras medidas, para a proibição do aborto ) , o ministro da Agricultura Igor Shvaika ( uma das maiores proprietárias de terras na Ucrânia ) , o ministro da Ecologia ( Andriy Moknyk , que era a pessoa de contato com grupos nazistas Europeia ), o diretor do Conselho Nacional de Segurança Andry Parubiy (e diretor da milícia partido militar ), o procurador-geral ( Oleh Makhnitsky ) e ministro da Educação, Serhiy Kvit , entre muitos outros. O poder deste jogo claramente as condições do novo governo da Ucrânia .
Este partido foi fundado em 1991 , aparecendo como o sucessor da Organização dos Nacionalistas Ucranianos (ONU) , fundada por um personagem, Stepan Bandera, chave na história recente da Ucrânia. O partido Svoboda apresenta como seu mais inspirado. Foi definido como um herói nacional em 2010 pelo presidente Victor Yushchenko, mais tarde substituído pelo Yanukovich democraticamente eleito , o presidente do governo deposto , como resultado da revolta popular. O último governo retirou a honra que tinha sido concedido a Bandera, embora seja mais provável que o novo governo restaurado.
Bandera, cuja homenagem liderou o protesto TJCE ( Tribunal de Justiça Europeu ) , foi o maior aliado do regime nazista de Hitler na Ucrânia , depois de ter dirigido dois batalhões que aderiram as SS nazistas alemães na sua luta contra a União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial (de acordo com o Centro Simon Wiesenthal , esses batalhões preso 4.000 judeus ucranianos , enviando-os para campos de concentração nazistas em Lviv , em Julho de 1941). Nos escritos da organização fundada e dirigida por Flag ( ONU) menciona explicitamente a necessidade de limpar a corrida , eliminando os judeus . Professor de História na Universidade de Tufts Gary Leupp em seu artigo detalhado "Ucrânia : O argumento da soberania , eo problema real do fascismo " ( CounterPunch , 2014/03/10 ), do qual eu extrair todos os dados apresentados nesta primeira parte do artigo cita textos que mostram todo o caráter da organização nazista. Quando a Alemanha nazista invadiu a Ucrânia, Bandera declarou a independência , o governo trabalhou " muito próximo e geminada com Nacional da Grande Alemanha , sob a liderança de Adolf Hitler , que está formando uma nova Europa ".
O partido dominante no novo governo da Ucrânia , Svoboda , é considerado o herdeiro da ONU orgulhoso, e quer purificar a sociedade ucraniana , violentamente contra homossexuais , a proibição do aborto , o estabelecimento de uma ordem hierárquica e disciplinada , enfatizando a masculinidade ea parafernália militar, pedindo a expulsão da máfia judaica Moscou e eliminar o comunismo , começando com a proibição do Partido Comunista e da perseguição dos seus membros ou intelectual relacionados. Pense também eliminar todos os jogos depois. Na verdade, o programa não pode ser mais claro. Em 2010 , o site do partido mostrou " Para criar uma Ucrânia livre ... vamos ter que cancelar o parlamento e parlamentarismo , a proibição de todos os partidos políticos , nacionalizar todos os meios, limpar todos os funcionários e run ( o termo usado ) para todos os membros dos partidos políticos antiucranianos ". O Congresso Judaico Mundial ( World Jewish Congress ) declarou este jogo como o partido neo- nazista em maio passado .
Como é que um partido nazista está governando hoje a Ucrânia?
As manifestações populares que acabaram com o governo eram em sua maioria manifestações espontâneas , com pouca estrutura organizacional. Assim, um mesmo grupo armado com apoio político internacional poderia facilmente assumir essas manifestações, desempenhando um papel importante na fase final do movimento popular. E , paradoxalmente, tanto os EUA como a UE desempenhou um papel fundamental nesse desenvolvimento. Na realidade , os EUA mais do que a UE . Foi precisamente Victoria Nuland , chefe do Departamento de Estado dos Assuntos Europeus e da Eurásia ( um funcionário do direitista duro nomeado após o vice-presidente Cheney durante o governo Bush , que surpreendentemente foi mantido nesta posição pela Administração Obama ), que apoiou mais fortemente Svoboda e abertamente o partido , porque ele era o mais grupos anti- russos que existiam nessas manifestações. Foi essa personagem que usou a famosa expressão " Fuck That UE" ( "Foda- UE" ) , insistindo que o governo teve de levar em conta Svoboda , porém má imagem que criou. Na verdade , o partido na última eleição , recebeu apenas 10% dos votos. Mas sua enorme influência não deriva o seu apoio popular, mas as maquinações que tiveram lugar , em que o governo dos EUA e os alemães têm desempenhado um papel central. Ambos querem expandir a área de influência da OTAN para o Leste Europeu , e ver o estado da Ucrânia como um favor dele. Membro Svoboda , que é ministro da Defesa é a favor da NATO e estudou no Pentágono, em os EUA .
Qual é o futuro da Ucrânia ?
Hoje, os líderes de ambos os lados das elites do Atlântico Norte estão em uma situação de conflito. Por um lado, é o complexo militar industrial de os EUA , que é muito defensivo (devido a esses cortes notáveis nos gastos militares do governo federal , o resultado do cansaço da população dos EUA para as campanhas militares que caracterizam a política externa dos EUA ) e quer por todos os meios de reviver a Guerra Fria para justificar a recuperação de seu papel central no sistema político -econômico americano.
Mas essa estratégia claramente em conflito com os interesses financeiros e económicos da UE e dos EUA. A Rússia é o terceiro maior parceiro comercial da UE , após a , comercial dos EUA e da China , com mais de 500 mil milhões de euros em 2012 ( Bob Dreyfuss "O capitalismo vai evitar uma Guerra Fria sobre a Ucrânia " , The Nation, 2014/03/10 ) . Cerca de 75% de todos os investimentos estrangeiros na Rússia da UE, a Rússia ser o maior fornecedor de gás para a UE. E a capital dos grandes oligarcas russos estão em bancos europeus , principalmente na cidade de Londres. Hoje , o grande capital financeiro e industrial não quer uma guerra fria. Na verdade , grande parte do armamento russo é construído hoje na Suécia e na França (a última compra de helicópteros é de 1.700 milhões). Assim, para toda a conversa de punir a Rússia, pouca ação militar é provável que ocorra . Estamos na primeira página da Terceira Guerra Mundial , mas este post não significa que nós estamos vendo o ressurgimento do nazismo , apoiado ironicamente por elites dominantes em ambos os lados do Atlântico Norte , que representa a mão pesada necessária para levar a cabo as políticas neoliberal considerou que o governo ucraniano a facilitar a sua integração na UE
terça-feira, 7 de janeiro de 2014
Dia Do Leitor, 7 de Janeiro,
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI No 10.753, DE 30 DE OUTUBRO DE 2003.
Mensagem de veto
Vide texto compilado
Institui a Política Nacional do Livro
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA POLÍTICA NACIONAL DO LIVRO
DIRETRIZES GERAIS
Art. 1o Esta Lei institui a Política Nacional do Livro, mediante as seguintes diretrizes:
I - assegurar ao cidadão o pleno exercício do direito de acesso e uso do livro;
II - o livro é o meio principal e insubstituível da difusão da cultura e transmissão do conhecimento, do fomento à pesquisa social e científica, da conservação do patrimônio nacional, da transformação e aperfeiçoamento social e da melhoria da qualidade de vida;
III - fomentar e apoiar a produção, a edição, a difusão, a distribuição e a comercialização do livro;
IV - estimular a produção intelectual dos escritores e autores brasileiros, tanto de obras científicas como culturais;
V - promover e incentivar o hábito da leitura;
VI - propiciar os meios para fazer do Brasil um grande centro editorial;
VII - competir no mercado internacional de livros, ampliando a exportação de livros nacionais;
VIII - apoiar a livre circulação do livro no País;
IX - capacitar a população para o uso do livro como fator fundamental para seu progresso econômico, político, social e promover a justa distribuição do saber e da renda;
X - instalar e ampliar no País livrarias, bibliotecas e pontos de venda de livro;
XI - propiciar aos autores, editores, distribuidores e livreiros as condições necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei;
XII - assegurar às pessoas com deficiência visual o acesso à leitura.
CAPÍTULO II
DO LIVRO
Art. 2o Considera-se livro, para efeitos desta Lei, a publicação de textos escritos em fichas ou folhas, não periódica, grampeada, colada ou costurada, em volume cartonado, encadernado ou em brochura, em capas avulsas, em qualquer formato e acabamento.
Parágrafo único. São equiparados a livro:
I - fascículos, publicações de qualquer natureza que representem parte de livro;
II - materiais avulsos relacionados com o livro, impressos em papel ou em material similar;
III - roteiros de leitura para controle e estudo de literatura ou de obras didáticas;
IV - álbuns para colorir, pintar, recortar ou armar;
V - atlas geográficos, históricos, anatômicos, mapas e cartogramas;
VI - textos derivados de livro ou originais, produzidos por editores, mediante contrato de edição celebrado com o autor, com a utilização de qualquer suporte;
VII - livros em meio digital, magnético e ótico, para uso exclusivo de pessoas com deficiência visual;
VIII - livros impressos no Sistema Braille.
Art. 3o É livro brasileiro o publicado por editora sediada no Brasil, em qualquer idioma, bem como o impresso ou fixado em qualquer suporte no exterior por editor sediado no Brasil.
Art. 4o É livre a entrada no País de livros em língua estrangeira ou portuguesa, isentos de imposto de importação ou de qualquer taxa, independente de licença alfandegária prévia.
Art. 4o É permitida a entrada no País de livros em língua estrangeira ou portuguesa, imunes de impostos nos termos do art. 150, inciso VI, alínea d, da Constituição, e, nos termos do regulamento, de tarifas alfandegárias prévias, sem prejuízo dos controles aduaneiros e de suas taxas. (Redação dada pela Lei nº 10.833, de 29.12.2003)
CAPÍTULO III
DA EDITORAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO LIVRO
Art. 5o Para efeitos desta Lei, é considerado:
I - autor: a pessoa física criadora de livros;
II - editor: a pessoa física ou jurídica que adquire o direito de reprodução de livros, dando a eles tratamento adequado à leitura;
III - distribuidor: a pessoa jurídica que opera no ramo de compra e venda de livros por atacado;
IV - livreiro: a pessoa jurídica ou representante comercial autônomo que se dedica à venda de livros.
Art. 6o Na editoração do livro, é obrigatória a adoção do Número Internacional Padronizado, bem como a ficha de catalogação para publicação.
Parágrafo único. O número referido no caput deste artigo constará da quarta capa do livro impresso.
Art. 7o O Poder Executivo estabelecerá formas de financiamento para as editoras e para o sistema de distribuição de livro, por meio de criação de linhas de crédito específicas.
Parágrafo único. Cabe, ainda, ao Poder Executivo implementar programas anuais para manutenção e atualização do acervo de bibliotecas públicas, universitárias e escolares, incluídas obras em Sistema Braille.
Art. 8o É permitida a formação de um fundo de provisão para depreciação de estoques e de adiantamento de direitos autorais.
§ 1o Para a gestão do fundo levar-se-á em conta o saldo existente no último dia de cada exercício financeiro legal, na proporção do tempo de aquisição, observados os seguintes percentuais:
I - mais de um ano e menos de dois anos: trinta por cento do custo direto de produção;
II - mais de dois anos e menos de três anos: cinqüenta por cento do custo direto de produção;
III - mais de três anos: cem por cento do custo direto de produção.
§ 2o Ao fim de cada exercício financeiro legal será feito o ajustamento da provisão dos respectivos estoques.
Art. 8o As pessoas jurídicas que exerçam as atividades descritas nos incisos II a IV do art. 5o poderão constituir provisão para perda de estoques, calculada no último dia de cada período de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, correspondente a 1/3 (um terço) do valor do estoque existente naquela data, na forma que dispuser o regulamento, inclusive em relação ao tratamento contábil e fiscal a ser dispensado às reversões dessa provisão. (Redação dada pela Lei nº 10.833, de 29.12.2003)
Art. 9o O fundo e seus acréscimos serão levados a débito da conta própria de resultado, sendo seu valor dedutível, para apuração do lucro real. As reversões por excesso irão a crédito para tributação.
Art. 9o A provisão referida no art. 8o será dedutível para fins de determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido. (Redação dada pela Lei nº 10.833, de 29.12.2003)
Art. 10. (VETADO)
Art. 11. Os contratos firmados entre autores e editores de livros para cessão de direitos autorais para publicação deverão ser cadastrados na Fundação Biblioteca Nacional, no Escritório de Direitos Autorais.
Art. 12. É facultado ao Poder Executivo a fixação de normas para o atendimento ao disposto nos incisos VII e VIII do art. 2o desta Lei.
CAPÍTULO IV
DA DIFUSÃO DO LIVRO
Art. 13. Cabe ao Poder Executivo criar e executar projetos de acesso ao livro e incentivo à leitura, ampliar os já existentes e implementar, isoladamente ou em parcerias públicas ou privadas, as seguintes ações em âmbito nacional:
I - criar parcerias, públicas ou privadas, para o desenvolvimento de programas de incentivo à leitura, com a participação de entidades públicas e privadas;
II - estimular a criação e execução de projetos voltados para o estímulo e a consolidação do hábito de leitura, mediante:
a) revisão e ampliação do processo de alfabetização e leitura de textos de literatura nas escolas;
b) introdução da hora de leitura diária nas escolas;
c) exigência pelos sistemas de ensino, para efeito de autorização de escolas, de acervo mínimo de livros para as bibliotecas escolares;
III - instituir programas, em bases regulares, para a exportação e venda de livros brasileiros em feiras e eventos internacionais;
IV - estabelecer tarifa postal preferencial, reduzida, para o livro brasileiro;
V - criar cursos de capacitação do trabalho editorial, gráfico e livreiro em todo o território nacional.
Art. 14. É o Poder Executivo autorizado a promover o desenvolvimento de programas de ampliação do número de livrarias e pontos de venda no País, podendo ser ouvidas as Administrações Estaduais e Municipais competentes.
Art. 15. (VETADO)
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 16. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios consignarão, em seus respectivos orçamentos, verbas às bibliotecas para sua manutenção e aquisição de livros.
Art. 17. A inserção de rubrica orçamentária pelo Poder Executivo para financiamento da modernização e expansão do sistema bibliotecário e de programas de incentivo à leitura será feita por meio do Fundo Nacional de Cultura.
Art. 18. Com a finalidade de controlar os bens patrimoniais das bibliotecas públicas, o livro não é considerado material permanente.
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de outubro de 2003; 182o da Independência e 115o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Márcio Thomaz Bastos
Antonio Palocci Filho
Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque
Jaques Wagner
Márcio Fortes de Almeida
Guido Mantega
Miro Teixeira
Ricardo José Ribeiro Berzoini
Gilberto Gil
Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.10.2003 (Edição extra)
segunda-feira, 30 de dezembro de 2013
Cerca de 3 mil moradores incendiaram propriedades da Funai e da Funasa.
Centenas de índios pedem abrigo do Exército em Humaitá (AM) após protestos da população
Cerca de 3 mil moradores incendiaram propriedades da Funai e da Funasa. Os índios são acusados pelo desaparecimento de três homens na rodovia BR-230, que passa dentro da reserva indígena. Só nesta quinta (26) a polícia se pronunciou oficialmente
Manaus (AM), 26 de Dezembro de 2013
VINICIUS LEAL*
População revoltada promove caos em Humaitá (AM)
Populares usaram combustível, pedras, rojões de fogo e coquetéis molotov para destruir propriedades voltadas aos indígenas em Humaitá (Raolin Magalhães/Freelancer)
Um clima de guerra tomou conta do município amazonense de Humaitá (a 675 quilômetros a sul de Manaus) nos últimos dois dias e fez com que 141 índios de várias etnias que moram na Terra Indígena de Tenharim pedissem refúgio do Exército Brasileiro no local. A reserva Tenharim fica entre Humaitá, Apuí e Manicoré, e é cortada pela rodovia BR-230, a Transamazônica. A população acusa os índios de sequestro.
Em alojamentos do 54º Batalhão de Infantaria de Selva, na própria cidade de Humaitá, estão abrigados 34 crianças indígenas, seis idosos, 38 mulheres - algumas delas grávidas -, e 65 homens. Segundo o Exército, esses 141 refugiados estavam no perímetro urbano retornando para as aldeias, mas foram impedidos de voltar após serem ameaçados por populares durante protestos na noite de quarta (25).
Alguns dos 141 índios estavam recebendo atendimento médico na Casa de Saúde do Índio, local administrado pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa), e tiveram que fugir da confusão. “A maioria mulheres e crianças estão com problemas de saúde. Os índios não podiam retornar. A via de acesso à aldeia estava bloqueada (pela população)”, declarou o coronel Mendonça, do Comando Militar da Amazônia (CMA).
“Um cacique Tenharim e um representante da Funai procuraram o comandante do 54º Batalhão para que a integridade física dos índios fosse garantida. O Exército recebeu os índios como receberia qualquer pessoa”, declarou Mendonça. Segundo ele, os indígenas tiveram sua integridade física ameaçada e a situação no local é considerada crítica.
Mais de 3 mil pessoas invadiram, depredaram e incendiaram prédios da Fundação Nacional do Índio (Funai), da Funasa, no mínimo dez veículos (como carros e caminhonetes) e duas embarcações de propriedade da União, que estavam atracadas na orla de Humaitá. Os 186 policiais militares que atuam na cidade, contando até com quem estava de folga e foi convocado emergencialemtne, não conseguiram conter a população.
A região possui histórico de conflitos e tensão entre grileiros, invasores e os índios. Essa última revolta contra os indígenas de Tenharim começou depois que três homens desapareceram na rodovia BR-230, no último dia 16 de dezembro, e nenhuma autoridade deu retorno para os familiares sobre as investigações. Pessoas disseram terem visto os homens pela última vez em um carro preto no KM 85 da estrada.
O desaparecimento do trio foi registrado e a Polícia Federal de Rondônia (PF-RO) se responsabilizou pelo caso. Com mais de uma semana sem respostas do Poder Público, familiares e amigos se revoltaram contra aqueles que eles consideram culpados: os indígenas.
Durante o protesto, a população usou barris de combustível, pedras, rojões de fogos de artifício e coquetéis molotov contra as propriedades da União. “O nosso efetivo não deu conta, a população fez os policiais militares recuarem após um longo confronto. Eram 3 mil contra 100”, conta o vereador Edvaldo França, de Humaitá, que é sargento da Polícia Militar (PM) de licença.
Reforço
O Comando de Policiamento do Interior do Amazonas (CPI) enviou de Manaus para Humaitá, na manhã desta quinta (26), duas aeronaves com 38 policiais militares para reforçar o trabalho de contenção das revoltas. O clima de calmaria e tranquilidade nas ruas de Humaitá na manhã desta quinta contrastava com a cenário de guerra da noite anterior.
Na última terça-feira (24), cerca de 30 familiares e amigos tinham bloqueado o acesso de carros e pessoas à orla de Humaitá durante protesto por respostas da PF-RO. O grupo empunhava cartazes nas mãos enquanto uma fila de carros e caminhões se formava pela estrada de acesso ao porto. Os manifestantes teriam dado prazo até quarta para receberem algum posicionamento das autoridades.
Desaparecidos
Desapareceram no dia 16 de dezembro o professor Stef Pinheiro de Souza, que mora Apuí; o gerente da Eletrobrás Amazonas Energia Aldeney Ribeiro Salvador, que trabalha na comunidade do Santo Antônio do Matupi, em Manicoré; e o representante comercial Luciano da Conceição Ferreira Freire, que reside em Humaitá.
“O caso já saiu do âmbito familiar. Agora não são mais apenas os familiares e amigos que estão revoltados, é toda a população”, afirma Israel Júnior, parente do desaparecido Luciano. Segundo ele, as pessoas estão vendo a situação como um descaso das autoridades. “Eles desapareceram no dia 16, dois dias depois prestaram queixa e até agora ninguém fez nada, nem sequer emitiram uma nota oficial”, diz.
Investigação
De acordo com Israel, a PF-RO afirmou que, com seu efetivo de 30 pessoas, não consegue entrar na mata da reserva, área federal, para realizar as buscas. “Os índios dizem que os rapazes não estão lá, mas também não permitem a entrada de ninguém. Afirmam que só vão autorizar se for por meio da Funai ou se for uma decisão judicial federal”, disse Israel.
A Funai de Humaitá informou no início da semana que estava participando das investigações e intermediava o trabalho da PF-RO dentro da reserva de Tenharim.
Segundo Israel, a PF de Rondônia, que detém jurisdição da área, chegou a ir até os portões da reserva indígena dos Tenharim, mas não foi autorizada a entrar para realizar as buscas. “A PF pediu que os próprios índios fizessem as buscas, o que revoltou ainda mais a população”, diz um morador do município que pediu para não ser identificado.
Após dez dias do desaparecimento, a Polícia Federal de Rondônia se pronunciou por meio de nota. Segundo o órgão, foi instaurado um inquérito sobre o caso e foram realizadas buscas em locais que não foram informados. De acordo com a PF-RO, nenhum resultado foi alcançado durante as investigações até o momento.
A assessoria da Funai também disse que enviaria nota sobre o caso.
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Comentários em ordem cronológica
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Andrei Filipe
27 dez 13, 1:42 am (há cerca de 3 dias, 77 horas)
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Tem que acabar mesmo com tanta regalia que tem esseds indios isso sim,Ja chega desse papo de que de devemos tudo aos indios.
Marcus Humaitá
27 dez 13, 8:21 am (há cerca de 3 dias, 71 horas)
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Vocês querem mesmo saber o que vai acontecer com os "indígenas" ? NADA!
Skiripi
27 dez 13, 9:35 am (há cerca de 3 dias, 70 horas)
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O impacto das violências atuais é decuplado pela lembrança de massacres de num passado recente.os terrores continuam. A justiça deve ser feita a partir de provas e todas asa pessoas que deram a origem desta baderna devem pagar pelo ato de depredação e vandalismo.
Me solidarizo com a dor dos familiares dos desaparecidos que, por sinal, afirmam não ter incentivado o quebra-quebra. a destruição das infra-estrutura que da mesma forma encista na busca de resposta do desaparecimento dos que os familiares tem todo esse direito.
Com todo que aconteceu, isso não justifica a tamanha o ato de vandalismo com prédio do governo da FUNAI e SESAI (atendimento à saúde). A quem beneficia esse movimento anti-indígena? Quem o incentivou? tenho certeza que alguém vai pagar.
Isso vai terminar prisões de e mais investimentos na saúde indígenas daqueles povos.
Justiça
27 dez 13, 2:42 pm (há cerca de 3 dias, 64 horas)
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É uma vergonhas que acontece nesses interiores... Pra passar pela estrada tem q pagar pedagio pra índios.... Que nao pagam impostos como nos pobres mortais..pelo contrario somos ameaçados e achacados.... Passei nessa estrada e tive q pagar pra um "índio" q tava com um cordão de ouro mais grosso q o meu dedo mindinho.. Tênis de marca..parecia q ia pro shopping.... Pare com isso gente..vamos respeitar quem trabalha pra sustentar esse país! Tiraram a vida de pessoas inocentes trabalhadoras ! Esse Aldeney um rapaz bom que saiu de sua cidade pra dar sua vida no interior do estado..pra que? Pra morrer na mão de selvagens? Cade a justiça? Só apareceu no jornal nacional pq queimaram a FUNAI ... Mas três pessoas que podem estar assassinadas não vale a pena mostrar?
Manauense
27 dez 13, 4:46 pm (há cerca de 3 dias, 62 horas)
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Branco é jorge lobo e marques?
Vocês deveriam ser presos por racismo!!! Por preconceito! Por ignorância!
Vocês brancos, ditos "civilizados, gostam muito é de briga, pistolagem, invasão, depredação do meio-ambiente - são ambiciosos por terras. Onde "brancos civilizados" chegam, acaba a paz!
Bem feito para os brancos civilizados que perderam as terras que haviam invadido na reserva Raposa Serra do Sol em Roraima, vendiam um arroz de péssima qualidade e caro. Bem feito pra quem tem que parar na reserva Waimiri Atroari para não perturbar a caça dos índios pois eles vivem assim há séculos e não acumulam riquezas. Mas ninguém se importa de parar na Venezuela e passar por humilhação pela polícia de lá. Querem respeito mas não respeitam o outro. Bem feito pra todos nós quando acabar a última reserva indígena e os últimos índios forem exterminados. Não sabemos viver harmoniosamente com a natureza como eles, perderemos conhecimentos seculares. O remédio que cura ou que poderá curar pode estar baseado nas culturas milenares dos índios e nas florestas que eles habitam.
Miracelma
27 dez 13, 5:55 pm (há cerca de 3 dias, 61 horas)
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Vergonha é sair acusando os índios Tanharim de terem tirado a vida de alguém sem provas, me solidarizo com a dor da família dos desaparecido espero a Deus que eles apareçam, agora uma coisa é certa o Cacique Ivan Tanharin foi morto atropelado e está sendo ignorado.,ninguém falar nada a respeito. Também acho que nada justifica esse vandalismo, essa região possui histórico de conflitos entre grileiros invasores e os índios.
nelson INDIO simplicio
27 dez 13, 7:17 pm (há cerca de 2 dias, 60 horas)
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---Alguma coisa ta errada, na terra dos marechais,
se bobear, antes de terminar, aldeia nao tem MAIS
AUTOR
nelson simplicio
Josélia Neves
28 dez 13, 12:05 am (há cerca de 2 dias, 55 horas)
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NUMA PALAVRA ANTI INDIGENISMO, PRECONCEITO E VIOLÊNCIAS INJUSTIFICÁVEIS. A POLICIA PRECISA DAR RESPOSTAS PARA QUE O PRECONCEITO E A DISCRIMINAÇÃO CONTRA OS POVOS INDÍGENAS SEJA EFETIVAMENTE COMBATIDO. VIVA O POV
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domingo, 29 de dezembro de 2013
quarta-feira, 18 de dezembro de 2013
Além de grilhões e chicotes. Uma análise histórica da definição de escravidão contemporânea
Além de grilhões e chicotes. Uma análise histórica da definição de escravidão contemporânea
Historiadora e jurista, pesquisadora Rebecca Scott apresenta análise histórica sobre a definição de escravidão e defende o atual entendimento previsto na legislação brasileira
Rebecca J. Scott* | Categoria(s): Artigos
Trabalhador resgatado em engenho em Pernambuco. Divulgação/MPT
Trabalhador resgatado em engenho em Pernambuco. Divulgação/MPT
No Brasil, como em outros países, as campanhas contra o trabalho escravo são frequentemente confrontadas com questões complexas de definição. Alguns juízes evitam usar a palavra “escravidão”, alegando que esse termo implica condições de sujeição absoluta, em que uma pessoa seria propriedade de outra. É comum encontrar a ideia de que a escravidão envolve grilhões e chicotes, e que a palavra “escravo” não pode ser aplicada a uma pessoa que é juridicamente livre e formalmente capaz de sair do lugar em que trabalha.
Os que se opõem à criminalização da exploração do trabalho escravo, e à expropriação de propriedades em que o uso de trabalho escravo for confirmado, usam o argumento de que a definição legal de uma situação de escravidão não é clara e que as medidas previstas pela Proposta de Emenda Constitucional atualmente em debate no Senado abririam a possibilidade de abusos por parte de fiscais ou procuradores. Assim, em vez de examinar os parâmetros bem concretos usados por procuradores e fiscais que atuam nessa área, preferem apenas sugerir que a definição de “trabalho escravo” ainda é bastante abstrata e controvertida.
Sabemos todos que esses argumentos são frequentemente movidos pela má-fé e pelo desejo de lucro. Para fazer frente a esses problemas e questionamentos, no entanto, é importante que juristas e outras pessoas que lidam com essa temática levem a sério a questão da definição. Este artigo propõe uma contribuição histórica para esse esforço de esclarecimento.
Como definir “escravidão” ou “trabalho escravo”? Como definir alguém como escravo, com alguma precisão, no século XXI, quando a propriedade sobre pessoas não é admitida pela lei?
Como definir “escravidão” ou “trabalho escravo”? O que fazia de alguém um escravo no século XIX, quando a escravidão era uma instituição reconhecida e identificada com a propriedade sobre as pessoas? Como definir alguém como escravo, com alguma precisão, no século XXI, quando a propriedade sobre pessoas não é admitida pela lei? À primeira vista, pode-se imaginar que o termo “escravo” no século XIX significava uma pessoa sobre a qual havia um verdadeiro direito de propriedade; e seria, portanto, enganoso usar o termo no século XXI, pois não há nenhum legítimo direito de propriedade sobre pessoas em um mundo em que a escravidão foi abolida.
Mas, quando examinamos os textos produzidos pela Liga das Nações e pelas Nações Unidas, e outros documentos pertinentes ao tema, vemos que a escravidão é definida no direito internacional do seguinte modo: “o estado ou a condição de um indivíduo sobre o qual se exercem, total ou parcialmente, alguns ou todos os atributos do direito de propriedade”. É importante observar que a formulação não fala em “propriedade”, mas em “atributos do direito de propriedade”. Talvez seja útil pensar nessa definição como uma fórmula algébrica: o exercício de poderes – abre parênteses – inerentes ao direito de propriedade – fecha parênteses – sobre uma pessoa.
Em outras palavras, existem poderes que são inerentes à propriedade e, se esses poderes são exercidos sobre uma pessoa – mesmo que ela não seja propriedade de ninguém –, a relação pode, no direito internacional, ser descrita juridicamente como de escravidão. Em algumas decisões recentes, vários tribunais têm reconhecido a utilidade dessa definição (que data de 1926, feita pela Liga das Nações) e considerado que se pode compreender vários abusos cometidos tanto em tempos de guerra quanto de paz como escravidão. Mas, se separamos o exercício desses poderes do título de propriedade, propriamente dito, por que usar a palavra “escravidão”? Não seria um anacronismo, já que a palavra “escravidão”, desde pelo menos a época do Império Romano, se refere à propriedade de pessoas?
Trabalhador resgatado em carvoaria em Goiás. Foto: Divulgação/SRTE-GO
Trabalhador resgatado em carvoaria em Goiás. Foto: Divulgação/SRTE-GO
Para demonstrar por que não é assim, é importante tratar de exemplos específicos, deixando de lado por um momento as questões abstratas.
Exemplos
Podemos examinar as histórias de duas mulheres, uma chamada Adélaïde Métayer e outra Henriette Akofa Siliadin, para esclarecer a relação entre escravidão e condição social. Cada uma delas se viu em uma cidade desconhecida, em busca de segurança e de novas oportunidades, mas foi confrontada com a perspectiva ou com a realidade da escravização. Cada uma delas procurou o Judiciário para garantir uma liberdade duradoura e para obter proteção jurídica para o que elas acreditavam ser seus direitos.
Essas duas mulheres viveram separadas por 200 anos e por um oceano. Analisá-las lado a lado pode parecer uma estratégia estranha, pois nós historiadores evitamos o anacronismo a todo custo. Mas a justaposição de eventos tão distantes no tempo torna-se inevitável diante do uso dos termos “escravidão” e “trabalho escravo” nos textos sobre direitos humanos, no discurso público, e, no caso do Brasil, nos textos sobre o Direito do Trabalho e sobre a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) número 438/01, agora denominada, no Senado, PEC número 57A/1999 [leia mais sobre a PEC aqui].
Adélaïde Métayer
Vejamos, então, como o direito, no século XIX, discernia se alguém era ou não escravo, examinando o caso de Adélaïde Métayer. Ela nasceu de mãe escrava, em 1780, na cidade de Cap Français, São Domingos, na época em que a colônia estava sob o domínio do antigo regime francês. Adélaïde era muito jovem durante a grande insurreição escrava de 1791. Seu proprietário, um alfaiate chamado Charles Métayer, fugiu da colônia com sua mulher, provavelmente em 1793, quando Adélaïde tinha mais ou menos 13 anos de idade. O casal a manteve como escrava e se fixou em Nova York.
Enquanto isso, em São Domingos, a revolução colocou fim à escravidão na colônia francesa, agora sob o poder de Toussaint Louverture, ele mesmo um ex-escravo que havia se tornado governador geral e comandante do exército de São Domingos, ainda sob a bandeira francesa. Louverture ofereceu aos que haviam se refugiado em outros países a possibilidade de voltarem e retomarem suas propriedades – exceto a propriedade sobre as pessoas, que havia sido abolida. Charles Métayer e sua mulher retornaram para Cap Français, com Adélaïde.
Parecem ter conseguido que Adélaïde continuasse a trabalhar para eles por um tempo, talvez protegidos por uma medida que obrigava alguns ex-escravos domésticos a ficarem empregados com seus antigos donos. Mas Adélaïde, que agora tinha um filho pequeno, viu que as pessoas à sua volta estavam livres e tentou sair da casa dos Métayer. Ela ofereceu dinheiro a eles, para obter um reconhecimento por escrito de sua liberdade. Em 1801, Charles Métayer aceitou o dinheiro e deu a Adélaïde um recibo que atestava sua liberdade. Mas Charles não queria deixar que ela levasse o filho consigo, e disse que o libertaria mais tarde, “graciosamente”.
Adélaïde trabalhou por um tempo como vendedora e viveu com um homem empregado nos fornos de cal. Porém, quando Napoleão Bonaparte enviou uma força expedicionária da França para tirar Toussaint Louverture do poder, a colônia foi tomada pela guerra. A autonomia de Louverture nas relações internacionais e a insistência em acabar com a escravidão tinham enfurecido Bonaparte, que estava determinado a retomar o controle direto sobre a colônia e restaurar a escravidão.
Catástrofe humana
As tropas napoleônicas não conseguiram restaurar nem a escravidão, nem o controle colonial, mas produziram uma catástrofe humana, espalhando a guerra pelo território e forçando a fuga de dezenas de milhares de pessoas, que se refugiaram em portos seguros mais próximos. Adélaïde estava entre esses refugiados. Ela possuía o papel que atestava sua liberdade, tinha recuperado a custódia de seu filho, e conseguiu lugar num navio para a Jamaica.
Por volta de 1805, ela chegou a Baracoa, em Cuba. Milhares de refugiados de São Domingos já tinham fugido diretamente para Cuba em 1803; entre eles vários dos vizinhos de Adélaïde. Em Cuba, alguns dos refugiados, abusando da vulnerabilidade de outros, haviam conseguido impor o exercício de poderes que correspondem ao direito de propriedade. E, uma vez estabelecida tal relação social, o direito espanhol simplesmente reconheceu esse fato social como prova do direito de propriedade. Os “criados” se tornaram “escravos” e a reescravização foi concluída.
Porém, todas as testemunhas que depuseram no processo de Adélaïde concordavam que ela tinha vivido como mulher livre em Baracoa. Ali, ela tinha dado à luz duas filhas e, no momento do batismo de cada uma delas, havia mostrado o recibo assinado por Métayer que reconhecia sua “liberdade”, e as meninas haviam sido batizadas como livres.
Entretanto, em 1808, a guerra na Europa entre a França e a Espanha levou à expulsão dos refugiados vindos de São Domingos da colônia de Cuba, pois eram percebidos como “franceses”. Adélaïde juntou-se a outra migração forçada, dessa vez para a Louisiana. Os navios chegaram ao porto de Nova Orleans às dezenas, levando quase dez mil refugiados de São Domingos como passageiros. Ainda que a abolição da escravidão em São Domingos tivesse extinguido todo o direito de propriedade sobre pessoas, a passagem pelas águas do Caribe e do Golfo tinha permitido aos mais poderosos dentre os refugiados impor sua vontade sobre outros. Uma vez estabelecida tal relação de força, os oficiais da Louisiana entenderam a situação como escravidão. Assim, no momento em que entraram na Louisiana, 3.226 pessoas que haviam sido emancipadas pela revolução haitiana, uma emancipação que fora ratificada pela Assembleia Nacional da França, foram registradas como escravas.
Liberdade
Mais uma vez, Adélaïde evitou esse destino. Era uma mulher confiante, segura de si, que já em Cuba desafiava qualquer um que ousasse se referir a ela como escrava. Ela e suas três crianças se fixaram na comunidade de refugiados, que incluía gente que ela conhecia desde o tempo em que vivia em Cap Français. Um deles era um alfaiate francês chamado Louis Noret, que havia sido sócio do antigo senhor de Adélaïde. Ela tinha confiança em Noret, tanto que deu o recibo de Charles Métayer que provava sua liberdade para que ele o guardasse em lugar seguro. Em princípio, parecia lógico: Noret parecia um homem branco honesto que poderia levar a prova de sua liberdade para as autoridades, em caso de necessidade. Na prática, entretanto, não foi uma boa ideia.
Em março de 1810, o alfaiate Noret ajuizou uma ação e, afirmando que a família do antigo senhor de Adélaïde tinha uma dívida com ele, pediu permissão para apreender qualquer “propriedade” da família Métayer que pudesse ser encontrada em Nova Orleans. Ele conseguiu a autorização e, junto com o xerife, foi ao alojamento de Adélaïde e apreendeu-a com suas três crianças.
Nas semanas seguintes, o jornal local publicou um anúncio dizendo que Adélaïde e seus filhos seriam leiloados nos degraus do Café da Bolsa, em 28 de maio de 1810, para liquidação da dívida no processo de Noret contra Métayer. No último minuto, Adélaïde conseguiu obter os serviços de um advogado e entrou com um processo contra Noret para suspender sua apreensão.
Nesse ponto é que chegamos bem perto da questão de como o estatuto de escravo foi julgado — ou seja, como o direito determinava se uma pessoa era escrava ou livre. O advogado de Adélaïde não argumentou que ela era livre como resultado da revolução haitiana e da abolição da escravidão pela Assembleia Nacional francesa, que tinha extinguido todo o direito de propriedade sobre pessoas. Essa abolição era bem conhecida de todos, mas na cidade de Nova Orleans, onde a posse escrava era generalizada, seria imprudente defender a liberdade concedida por Toussaint Louverture e seu exército revolucionário de ex-escravos. Em vez disso, o advogado apresentou como prova de sua liberdade uma cópia do recibo que Charles Métayer havia dado a Adélaïde quando ela pagou pelo fim dos serviços que ele lhe exigia.
Escravidão como herança
Mas o recibo era datado de 1801… e que idade tinha seu filho? Adélaïde primeiro tentou argumentar que o menino tinha nove anos, tendo nascido, portanto, quando ela já era livre, depois de obter o recibo que apresentava como um “papel de liberdade”. Depois, admitiu que a criança tinha 11 anos e tinha nascido antes da data do papel de liberdade.
A venda de Adélaïde e de suas filhas foi adiada enquanto o juiz julgava sua reivindicação de liberdade. O menino, no entanto, como estava previsto, foi posto em leilão. Nascido livre depois da abolição em São Domingos, o filho de Adélaïde foi considerado escravo em Louisiana porque sua mãe não tinha nenhum documento que mencionasse especificamente o seu nome, atestando sua liberdade.
Como a venda do garoto acabou cobrindo a dívida que Noret tinha declarado, o caso de Adélaïde contra Noret não foi julgado. Uma vez que a dívida foi paga, o processo judicial ficou parado. Adélaïde e suas filhas voltaram para casa, mas seu estatuto ficou sem definição.
Mesmo assim, quando em 1816 Adélaïde deu à luz outro menino, no registro do batismo ela aparece de novo como uma “mulata livre”. No entanto, já que a possibilidade de reivindicar o direito de propriedade sobre Adélaïde tinha dado dinheiro a Noret uma vez, com a venda do filho mais velho, Noret estava decidido a tentar novamente. Depois de localizar o herdeiro do antigo dono de Adélaïde e conseguir dele uma procuração, Noret recomeçou sua campanha para controlar Adélaïde. Ajuizou um processo em que reclamava a propriedade sobre ela, em nome do herdeiro de Charles Métayer.
É fácil constatar como é complexa a questão do estatuto de Adélaïde. Ela vivia como mulher livre, mas era confrontada por pessoas que atuavam como proprietários dela, sem que tivessem qualquer título de propriedade — pois toda a propriedade sobre pessoas fora abolida em 1794, em São Domingos, jurisdição de onde eles todos tinham vindo, tanto os supostos proprietários como a suposta escrava.
Adélaïde vivia no período clássico da escravidão, mas existia em algum lugar dessa cena “um verdadeiro direito de propriedade” sobre Adélaïde? E, mais importante, havia um legítimo direito de propriedade sobre os 3.226 refugiados de São Domingos, que eram todos livres segundo a lei francesa desde a década de 1790, mas que haviam sido reescravizados na chegada a Cuba ou na chegada a Nova Orleans? Esses três mil e tantos homens e mulheres foram mantidos como escravos. Os poderes inerentes ao direito de propriedade foram exercidos sobre eles, tenha sido esse direito de propriedade (em algum sentido) válido ou falso, reconhecido ou não.
180 anos depois
Deixemos de lado por um momento o caso de Adélaïde Métayer, para darmos uma olhada rápida no de Henriette Siliadin, ocorrido mais de 180 anos depois — um caso que envolve a jurisprudência internacional de direitos humanos.
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Henriette Siliadin
Iwa Akofa Siliadin nasceu no Togo, na África Ocidental. Tinha 15 anos em 1994, quando a irmã de uma amiga da família ofereceu-se para levá-la para Paris, prometendo matriculá-la na escola e ajuda para a obtenção do visto de residência. Iwa Akofa era uma adolescente e sua família tinha dificuldades; a perspectiva de ir para Paris era interessante. Ela acompanhou a mulher e entrou na França com um visto de turista, para uma estadia curta.
Logo ficou claro, entretanto, que a oferta de matrícula na escola tinha sido uma artimanha. A mulher colocou Iwa Akofa, agora chamada de Henriette, para trabalhar como babá e para limpar a casa. As coisas pioraram quando essa conhecida “emprestou” Henriette para outra família, para realizar os mesmos afazeres.
A nova família a mantinha sob restrições ainda maiores e sob rígida vigilância no apartamento em que moravam em Paris. Confiscou seu passaporte e ameaçou-a dizendo que a polícia a prenderia se ela tentasse fugir. De acordo com os registros dos processos judiciais feitos posteriormente, Henriette era obrigada a trabalhar das sete e meia da manhã até dez e meia da noite, todos os dias da semana, sem folga. Eles lhe davam pouca comida — ela acabou ficando anêmica — e proibiam-na de falar com qualquer pessoa fora da família. Ela dormia em um colchão no chão, no quarto do bebê, e nunca recebeu pagamento.
Ameaças e documentos
No início, Henriette não tinha ideia da possibilidade de questionar as circunstâncias em que vivia, ou como poderia fazê-lo. Ela era intimidada pelo casal que a controlava e não conseguiu obter ajuda de um tio, a quem recorreu uma vez. A família francesa lhe dizia sempre que, por não ter papéis, por não possuir documentos, a polícia poderia prendê-la se tentasse reclamar de sua situação.
Depois de quase quatro anos vivendo nessas condições, ela aproveitou o encontro com uma vizinha para pedir ajuda. A vizinha não tinha certeza do que poderia ser feito. Naquele ano de 1998, porém, a França celebrava 150 anos da abolição definitiva da escravidão no império francês (ocorrida em 1848) e a vizinha viu nos jornais a referência ao Comitê Contra a Escravidão Moderna. Ela contatou, então, o comitê, e a polícia apareceu na porta da família para investigar. Em 1999 iniciou-se uma sequência de processos que duraram quase tanto quanto os de Adélaïde, dois séculos antes. O julgamento da acusação contra o casal parisiense baseou-se em dois artigos do Código Penal francês (225-13 e 225-14), um que tornava ilegal extrair trabalho não remunerado ou mal remunerado de uma pessoa vulnerável ou dependente; e outro que tornava um crime sujeitar uma pessoa a condições de vida ou trabalho incompatíveis com a dignidade humana.
O juiz rejeitou a acusação de imposição de condições contrárias à dignidade humana, argumentando a insuficiência dos testemunhos para provar tal ponto. Mas condenou o casal por explorar uma pessoa vulnerável — nesse caso, menor de idade, estrangeira, cujo passaporte havia sido confiscado. O casal parisiense, senhor e senhora Bardet, foi condenado à prisão. Eles recorreram da sentença e conseguiram que ela fosse reformada, pois os juízes consideraram que Henriette não era assim tão vulnerável — eles argumentaram que, como ela falava francês, poderia ter usado um telefone público para pedir ajuda. Eles tomaram cada indício de mobilidade como evidência contra a acusação de exploração.
Corte Europeia de Direitos Humanos
Restou apenas uma ação civil por salários atrasados, por meio da qual Henriette recebeu o valor equivalente em salários pelo tempo que trabalhou, com um complemento para recompensar seu trabalho nos dias de folga. Foi nesse ponto que o Comitê Contra a Escravidão Moderna levou o caso a julgamento na Corte Europeia de Direitos Humanos, acusando a França de falta de cumprimento do artigo quarto da Convenção Europeia de Direitos Humanos, que obriga as nações-membro a proteger as pessoas sob sua jurisdição contra a escravidão e a servidão.
É interessante observar que pareceu difícil à Corte Europeia decidir como avaliar a situação. Eles não duvidaram dos registros de trabalho não remunerado, das ameaças e do confisco dos documentos de Henriette. Mas os juízes rejeitaram o argumento de que as condições em que a moça trabalhava eram equivalentes à escravidão. Eles acharam que, para chamar isso de escravidão, teria de ter havido “um verdadeiro direito de propriedade” sobre ela, com a redução da pessoa ao estatuto de objeto.
Mas a servidão, tanto quanto a escravidão, é proibida sob o artigo quarto da Convenção Europeia, e a corte julgou o caso como sendo de servidão. A decisão final repreendeu a França por deixar de estabelecer um mecanismo, em sua legislação criminal, que estabelecesse penalidades efetivas para a ação de manter uma pessoa em servidão.
Escravos
Esses dois casos mostram que, historicamente, o termo “escravo” podia referir-se tanto à condição de uma pessoa (submetida ao poder de outra pessoa) quanto ao seu estatuto (reconhecida pelo direito como propriedade). A condição de Adélaïde Métayer em Nova Orleans era de mulher livre; Louis Noret tentou mudar essa condição, argumentando que seu verdadeiro estatuto legal era de escrava. Arregimentou testemunhas que declararam ter visto Adélaïde na casa de Charles Métayer 16 anos antes, em São Domingos, e que achavam ser ela uma “escrava” naquele momento. Na república francesa em 1998, o estatuto de Henriette Akofa Siliadin era de mulher livre, porque evidentemente no século XX já não existia o estatuto de escrava. Essa mulher livre, entretanto, havia se tornado também, por meio da ação de outros, uma imigrante em situação irregular, vivendo numa condição de servidão. O senhor e a senhora Bardet exerceram sobre ela uma série de poderes que reconhecemos: extração de trabalho não remunerado, proibição de ir e vir com autonomia etc.
Trabalhador libertado da escravidão contemporânea (Foto: Divulgação / MTE)
Trabalhador libertado da escravidão contemporânea (Foto: Divulgação / MTE)
No século XIX, os advogados de Louis Noret e, em seguida, de Pierre Métayer, quiseram demonstrar que havia um direito de propriedade sobre Adélaïde, herdado pelo filho do seu antigo dono, que fazia dela uma pessoa com o estatuto de escrava. Os advogados do casal parisiense no século XX, ao contrário, não quiseram e não puderam demonstrar um direito de propriedade sobre Henriette. Foi o procurador quem quis mostrar que a moça havia sido escravizada, ou sujeita à servidão, para poder culpar o casal de um crime.
É importante notar que, nos dois casos, a categorização legal da pessoa como escrava derivou da sua condição. Em 1818, a ficção legal de propriedade sobre uma pessoa foi reivindicada porque Adélaïde parece ter permanecido no poder da família Métayer quando eles moravam todos em São Domingos. A abolição que lhe conferiu liberdade formal foi ignorada. Em 2005, a condenação da França pela Corte Europeia – mesmo que o abuso de Henriette tenha sido considerado “servidão” em vez de “escravidão” — dependeu das condições a que ela foi submetida e não de seu estatuto formal.
Nem mesmo na época da escravidão legal a necessidade de provar a propriedade existiu. O exercício de um domínio senhorial é que foi considerado como evidência
Então, quando confrontarmos o argumento de que a “verdadeira” definição de escravidão é “ter propriedade sobre uma pessoa” ou, nas palavras de um magistrado, ter “total sujeição do indivíduo ao poder do agente do crime”, podemos responder que nem mesmo na época da escravidão legal a necessidade de provar a propriedade existiu. O exercício de um domínio senhorial é que foi considerado como evidência de que a pessoa submetida a esse domínio era escrava. O suposto “direito de propriedade” frequentemente vinha depois do exercício dos “poderes” que correspondiam a um tal direito — não o inverso.
Diante dos refugiados que desembarcaram em Nova Orleans, o prefeito da cidade designou milhares dessas pessoas como propriedade de outras milhares de pessoas, sem a menor prova de um “verdadeiro direito de propriedade.” A força e a condição social foram fatos sociais, aos quais o direito logo depois deu um nome: propriedade.
Epílogos
Além das conclusões teóricas que podemos tirar dessas duas histórias, elas também têm epílogos. Em 1818, o processo contra Adélaïde Métayer voltou pela segunda vez à Corte Suprema da Louisiana. Pierre Métayer procurava a ajuda do Estado para que Adélaïde fosse posta em seu poder, porque ela se recusava a reconhecer que era sua escrava. Dessa vez, de maneira surpreendente, o presidente da corte, respondendo aos argumentos do advogado de Adélaïde, invocou os textos sobre a escravidão codificados no tempo de Afonso, o Sábio, na Espanha medieval. Antes de a Louisiana ser um território dos Estados Unidos, tinha sido uma colônia francesa e, antes disso, uma colônia espanhola. Poder-se-ia dizer, portanto, que as cláusulas que não tinham sido explicitamente revogadas pela França ou pelos Estados Unidos ainda estavam em vigor.
Trabalhador imigrante resgatado em oficina de costura em São Paulo. Foto: Anali Dupré
Trabalhador imigrante resgatado em oficina de costura em São Paulo. Foto: Anali Dupré
A Lei das Sete Partidas considerava que a escravidão estava sujeita à prescrição, isto é, que o direito de propriedade sobre uma pessoa prescrevia, era extinto, caso não fosse exercido. Um escravo que vivesse de boa-fé como livre por dez anos no mesmo país que seu senhor seria considerado livre; e um escravo que vivesse de boa-fé por 20 anos em um país diferente daquele onde vivia o senhor também seria considerado livre.
O juiz na Louisiana em 1818 não reconheceu a abolição da escravidão durante a Revolução Haitiana como capaz de tornar livre uma mulher em Nova Orleans — isso teria emancipado mais de três mil pessoas e ele não poderia fazer isso. Mas ele considerou que Adélaïde tinha vivido como livre, de boa-fé, desde aquela época. Se contarmos o tempo entre 1794, quando a França ratificou o decreto de abolição de São Domingos, e 1818, quando o juiz deliberou sobre o caso, são 24 anos: quatro a mais do que o necessário para julgar alguém livre com base na Lei das Sete Partidas de Afonso, o Sábio.
No final da história, a condição de Adélaïde como mulher livre — algo que ela conseguiu defender com unhas e dentes contra o alfaiate Noret — levou a uma sentença que afirmava seu estatuto jurídico de mulher livre. Ela e suas três crianças mais novas seriam, dali em diante, livres. O menino mais velho, no entanto, tinha desaparecido e sido engolido pelo mercado de escravos de Nova Orleans oito anos antes.
Felizmente, o caso de Henriette Akofa também tem um epílogo. Ela vive atualmente na França — casada e mãe de filhos —, com visto de residência, e trabalha como cuidadora. Agora, em 2013, a Assembleia Nacional da França está considerando uma modificação do código penal que pretende criminalizar a manutenção de uma pessoa em condições de servidão ou escravidão.
Somos todos herdeiros
das lutas de mulheres como Adélaïde e Henriette, que mobilizaram sua própria consciência de um direito à dignidade para forçar a
Justiça a rejeitar que
sobre elas se exercesse
o que o advogado de Adélaïde chamou de “poderes ilícitos”
Se essas histórias mostram a complexidade da relação entre condição social e estatuto legal, tanto no passado como no presente, também revelam a importância da consciência de direitos. Nesse sentido, somos todos herdeiros das lutas de mulheres como Adélaïde e Henriette, que mobilizaram sua própria consciência de um direito à dignidade para forçar a Justiça a rejeitar que sobre elas se exercesse o que o advogado de Adélaïde chamou de “poderes ilícitos”.
A definição de escravidão adotada pelo ordenamento jurídico de cada país se apoia, necessariamente, em tradições legais nacionais e pode ser mais abrangente do que aquela estabelecida no direito internacional. O artigo do código criminal francês que proíbe a imposição de condições de vida ou trabalho incompatíveis com a dignidade humana não foi suficiente para proteger Henriette Siliadin contra a escravização, em parte porque os juízes fizeram uma interpretação estreita dele. A legislação brasileira, em contraste, é baseada na combinação da garantia à dignidade humana presente na Constituição Federal de 1988, com medidas de proteção aos direitos trabalhistas já consolidadas, e assim constitui uma definição muito efetiva de trabalho escravo. A demanda por dignidade tem estado entre as principais demandas sociais dos trabalhadores em vários territórios atlânticos e conecta as lutas de hoje àquelas empreendidas sob a escravidão formal e nos anos que se seguiram à abolição.
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Agradeço a meus colegas Beatriz Mamigonian, Silvia Hunold Lara, Mariana Dias Paes e Leonardo Barbosa por sua ajuda na preparação desta tradução. As fontes documentais e arquivísticas para este ensaio podem ser encontradas no meu artigo “Under Color of Law: Siliadin vs France and the Dynamics of Enslavement in Historical Perspective”. In: Jean Allain (ed.). The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary. Oxford: Oxford University Press, 2012.
* Rebecca Scott (rjscott@umich.edu) é professora do Departamento de História e da Faculdade de Direito da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Clique aqui para ver seu currículo acadêmico em inglês. Artigo publicado originalmente em português com o título “O Trabalho Escravo Contemporâneo e os Usos da História” na Revista Mundos do Trabalho e reproduzido com autorização da autora.
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Tags: Brasil, construção civil, direitos inerentes ao direito de propriedade, escravidão contemporânea, fiscalizações, França, ministério do trabalho e emprego, ministério público do trabalho, Paraná
2 comentários
Além de grilhões e chicotes. Uma análise histórica da definição de escravidão contemporânea | Biblioteca do MPT/RN disse:
29 de outubro de 2013 às 15:51
[…] Os que se opõem à criminalização da exploração do trabalho escravo, e à expropriação de propriedades em que o uso de trabalho escravo for confirmado, usam o argumento de que a definição legal de uma situação de escravidão não é clara e que as medidas previstas pela Proposta de Emenda Constitucional atualmente em debate no Senado abririam a possibilidade de abusos por parte de fiscais ou procuradores. Assim, em vez de examinar os parâmetros bem concretos usados por procuradores e fiscais que atuam nessa área, preferem apenas sugerir que a definição de “trabalho escravo” ainda é bastante abstrata e controvertida. Continua na fonte: Repórter Brasil. […]
Dia Glorioso.
quinta-feira, 14 de novembro de 2013
Mensalão na Cadeia.
Veja: O mensalão na cadeia
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Publicado por PPS (extraído pelo JusBrasil) - 1 ano atrás
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"Agentes públicos que se deixam corromper e particulares que corrompem são, corruptos e corruptores, os profanadores da República, os subversivos da ordem institucional, os delinquentes, os marginais da ética do poder." Ministro Celso de Mello, decano do STF.
O Supremo começa a fazer história ao apontar o caminho da prisão para políticos e poderosos. Cinco mensaleiros foram condenados e, pela veemência com que os ministros repeliram a corrupção, a tradição de impunidade pode estar no fim
Ex-prefeito de São Paulo, o empresário Paulo Maluf transita com desenvoltura pelos gabinetes do Congresso, onde cumpre seu terceiro mandato como deputado federal. Mas, se deixar o país, o mesmo Maluf será imediatamente preso sob a acusação de desviar milhões de reais dos cofres públicos. Essa contradição é um exemplo acabado da impunidade que impera no Brasil e chancela a máxima popular segundo a qual políticos e poderosos não se sentam no banco dos réus nem vão para a cadeia. Foi com base nessa tradição degradante que o ex-presidente Lula não por acaso um aliado de Maluf se lançou numa ofensiva para desmontar a "farsa do mensalão" , o maior escândalo de corrupção da história política do país. A meta de Lula era clara: limpar a própria biografia e salvar petistas processados. Inocentar a companheirada ou. pelo menos, adiar o julgamento a fim de garantir a prescrição dos crimes imputados pelo Ministério Público. Considerado o histórico nacional, o plano lulopetista parecia fadado ao sucesso. Parecia, não fosse uma contundente reação do Supremo Tribunal Federal (STF).
Depois de resistirem às pressões do ex-presidente para que o mensalão fosse julgado após as eleições municipais, numa demonstração clara de que instituições republicanas não se curvam às vontades imperiais de políticos recordistas de popularidade, os ministros do STF condenaram, na semana passada, cinco dos 37 réus do processo. Oficialmente, a pena não foi imposta, mas já é certo que todos eles serão condenados à prisão em regime semiaberto ou fechado. Isso mesmo: os poderosos, como os ladrões pés-rapados, expiarão os pecados na cadeia. Entre eles, o deputado João Paulo Cunha (PT-SP), ex-presidente da Câmara dos Deputados, o petista Henrique Pizzolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, e o empresário Marcos Valério, o principal operador do mensalão. O grupo foi condenado por corrupção ativa, corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Ao votarem, os ministros deixaram claro que a tradição de impunidade uma marca nacional desde o descobrimento está seriamente ameaçada, principalmente quando próceres da República desviarem recursos dos contribuintes, como demonstrado no processo, para bolsos privados.
"Agentes públicos que se deixam corromper e particulares que corrompem servidores do estado são, corruptos e corruptores, os profanadores da República. os subversivos da ordem institucional. os marginais da ética do poder", disse o ministro Celso de Mello, decano do Supremo. A contundência das palavras não foi um ato isolado. Pelo contrário, a indignação foi a tônica das manifestações. Para determinarem a culpa dos cinco réus, os onze ministros votaram "condeno" 224 vezes. Entremearam razões jurídicas com recados claros de que, daqui para a frente, a Justiça será intransigente com quadrilhas especializadas em assaltar o Erário. Uma mudança de postura e tanto. Há décadas a legislação prevê os parâmetros de punição para corruptos e corruptores. Mas a interpretação da lei era feita sob uma ótica extremamente leniente, de modo que só os flagrantes eram punidos. Como corruptos nem sempre assinam recibo, agem entre quatro paredes e evitam deixar rastros, tais flagrantes eram tão comuns como notas de 3 reais. Essa conveniente blindagem montada sob o argumento da necessidade de provas cabais começou a ruir com o voto da ministra Rosa Weber, caloura do tribunal e indicada pela presidente Dilma Rousseff.
Rosa lembrou que, quanto maior o poder do réu, maior sua facilidade para esconder o ilícito. Daí a necessidade de a Justiça formar seu convencimento como se montasse peças de um quebra-cabeça. Faltava vontade institucional para tanto. Não falta mais. O Supremo decidiu abraçar as chamadas provas indiciárias aquelas que não comprovam diretamente um fato, mas, vistas em conjunto e analisadas sob o prisma da lógica dedutiva, fazem crer que o tal fato ocorreu. Ninguém gravou em vídeo João Paulo Cunha aceitando receber dinheiro de Marcos Valério para beneficiá-lo em uma licitação na Câmara e, depois, no contrato firmado entre a Casa e a agência do empresário. Mas os dois tinham uma relação próxima antes de o parlamentar se tornar presidente da Câmara. Cunha nomeou a comissão que escolheu o vencedor da licitação. A agência de Valério, que havia sido desclassificada por falta de capacidade numa concorrência anterior, sagrou-se vencedora em 2003. Durante o processo de licitação, a mulher de Cunha sacou 50000 reais de uma conta de Valério no Banco Rural. Perguntado sobre o saque, o deputado mentiu. Disse que a esposa fora ao banco pagar uma conta de televisão por assinatura. Depois, mudou a versão, que também não se sustentou porque era baseada em provas forjadas. Sob as barbas do petista, Valério desviou dinheiro da Câmara dos Deputados, "Espantoso", exclamou o ministro Cezar Peluso.
Essas e muitas outras evidências não deixaram margem para dúvidas na cabeça de nove dos onze ministros do Supremo. Ficaram vencidos apenas os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Condenado por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro, João Paulo Cunha deve receber pena de prisão, na melhor das hipóteses para ele, em regime semiaberto. Se isso ocorrer, terá de passar a noite na cadeia. Para o sociólogo Demétrio Magnoli. a condenação do petista tem um peso simbólico relevante. Afinal, quando chefiava a Câmara, Cunha chegou a ocupar interinamente a Presidência da República. "Se uma figura que chegou a presidir o país por dois dias for para a cadeia, a possibilidade de políticos saírem ilesos diminuirá radicalmente." Há também os efeitos práticos. Julgado pelo STF, Cunha desistiu na semana passada da candidatura à prefeitura de Osasco. Os votos dos ministros também minaram o ânimo dos cardeais petistas. A análise corrente é de que o rigor adotado pode levar à condenação de todos os políticos, o que inclui o ex-presidente do partido José Genoíno, o ex-tesoureiro Delúbio Soares e o ex-ministro José Dirceu, apontado como o "chefe da quadrilha". Em conversas com companheiros, até o atual presidente do PT, Rui Falcão, concorda com a tendência de condenação generalizada apesar de debitá-la na conta de uma suposta motivação política. As teorias conspiratórias sempre servem de muleta para os males petistas.
"Os ministros disseram que teve corrupção, peculato, desvio de dinheiro público. Foram muito duros. A tendência é condenar todo mundo. João Paulo e Genoíno estão muito abatidos" , disse um petista íntimo de Lula. "Não vai sobrar nada. Está um constrangimento enorme", acrescenta outro este interlocutor da presidente Dilma. Os sinais emitidos não são mesmo animadores para o partido e os demais réus do processo. Na semana passada, além de rechaçarem a necessidade de uma prova cabal, os ministros traçaram outras premissas desfavoráveis aos ladrões de dinheiro público. Disseram que paia comprovar a corrupção passiva não é preciso que o político ou servidor use o cargo em benefício do corruptor. Se o político aceita a vantagem indevida, não precisa fazer nada em troca para se configurar a corrupção. "Basta a possibilidade de praticar algum ato de ofício, porque o delito está em pôr em risco o prestígio e a honorabilidade da função", disse Peluso em seu último voto antes da aposentadoria. Foi um recado claro: da autoridade pública espera-se compostura, além de devoção ao cargo e ao bem público e não flertes com interesses privados.
Para se configurar a corrupção ativa, segundo o entendimento da maioria absoluta dos ministros, basta que o bandido ofereça a vantagem ilícita, ainda que o servidor a recuse. Da mesma forma, o crime de peculato passou a valer em toda a sua extensão: será condenado o servidor que desviar ou se apropriar de dinheiro ou qualquer outro bem, público ou privado, de que tem a posse em razão do cargo. Foi assim que caiu a casa de Henrique Pizzolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, condenado por unanimidade. Pouco importava se os mais de 70 milhões que ele ajudou a desviar para as contas de Marcos Valério eram públicos ou privados os ministros entenderam que, sim, eram públicos. Pizzolato tinha acesso aos recursos por ser funcionário do banco e não se comportou com a compostura exigida pelo cargo. O petista possivelmente será condenado a cumprir pena em regime fechado (cadeia) assim como Marcos Valério e seus ex-sócios Cristiano Paz e Ramon Hollerbach. Valério, por sinal, já passou duas temporadas na prisão ambas, no entanto, breves. "A tese da acusação aponta o desvio de dinheiro público. Se estamos preocupados com a dignidade dos réus, e devemos estar preocupados com a dignidade dos réus, também temos de nos preocupar com a dignidade da vítima, que é toda a sociedade brasileira" , sentenciou o ministro Luiz Fux.
Segundo especialistas ouvidos por VEJA, a mudança de mentalidade dos julgadores reflete os avanços institucionais do Brasil e o aumento da intolerância social com a corrupção. "O julgamento do mensalão representa um março porque inverte o que chamamos na sociologia de expectativa de comportamento", diz o filósofo e professor de ética Roberto Romano. Antes do julgamento, a expectativa natural dos cidadãos era de impunidade praticamente absoluta. A regra agora passa a ser a punição. Nas últimas duas décadas, a polícia e o Ministério Público se fortaleceram na investigação dos crimes contra a administração pública, e a imprensa se aperfeiçoou na revelação das denúncias. O próprio mensalão foi descoberto pela imprensa, investigado por uma CPI do Congresso e depois denunciado pelo Ministério Público. É o que se espera de instituições fortes num regime democrático, por mais que se descontentem os poderosos de turno. Com o desenvolvimento econômico do país e a melhora das condições de vida dos cidadãos, que inclui mais acesso à informação, a pressão popular contra a impunidade tende a ganhar corpo. "Mantidas as condições atuais, de aprimoramento da democracia e manutenção da estabilidade econômica, já podemos considerar essa primeira pane do julgamento como o prenúncio de uma era de mais probidade", prevê Roberto Romano.
Além da punição penal dos réus, a decisão do Supremo subsidiará ações de improbidade administrativa para reclamar que corruptos e corruptores devolvam o dinheiro roubado. Só assim o crime terá castigo efetivo carcerário e financeiro. "Isso é crucial. Já pensou se Valério sair da cadeia como um ricaço ou se os dirigentes do Banco Rural forem passar férias na Europa?" , questiona Magnoli. "A punição dos culpados e a devolução do dinheiro são igualmente importantes para compor a noção de justiça e mostrar que o crime não compensa", reforça Romano. Só assim, alegam os dois, os corruptos pensarão duas vezes antes de roubar. A restituição aos cofres públicos é uma exigência antiga. Consta do Sermão do Bom Ladrão, do padre Antônio Vieira. O texto reclama o fim da impunidade e foi citado pelos ministros durante o julgamento. Não foi à toa. Apesar de escrito há mais de 300 anos, continua atual. Retrata uma realidade secular que a Justiça brasileira finalmente decidiu encarar de maneira dura e, acima de tudo, corajosa.
O calendário do julgamento.
O que já aconteceu
O relator Joaquim Barbosa concluiu seu voto sobre os desvios de recursos públicos no Banco do Brasil e na Câmara dos Deputados, pedindo a condenação de todos os réus. Barbosa condenou o publicitário Marcos Valério e seus sócios por pagarem propina ao ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha e ao ex-diretor do Banco do Brasil Henrique Pizzolato - em troca, foram favorecidos em licitações. O revisor, Ricardo Lewandowski, acompanhou Barbosa no caso do Banco do Brasil, mas considerou que não houve crime no caso envolvendo o petista João Paulo Cunha
Como foi a semana
Depois de relator e revisor votarem, os demais ministros se manifestaram sobre o capítulo. João Paulo foi condenado por lavagem de dinheiro, peculato e corrupção passiva e absolvido de outra acusação de peculato. Os demais réus foram condenados por todos os crimes. Na quinta-feira, Joaquim Barbosa começou seu voto sobre os empréstimos simulados pelo Banco Rural, em nome do PT e de Marcos Valério, para obter vantagens do governo petista. Ele afirmou que os dirigentes do Rural contrariaram as normas do Banco Central. O dia 30 também marcou a última sessão no STF do ministro Cezar Peluso. que se aposenta nesta segunda.
O que vai acontecer
O relator deve concluir seu voto sobre as operações bancárias do Banco Rural na segunda-feira. Em seguida, o revisor, Ricardo Lewandowski, se pronuncia sobre o mesmo tópico, seguido dos demais ministros. A ordem de votação é inversa à ordem de antiguidade na corte, começando pela ministra Rosa Weber e terminando pelo presidente, Ayres Britto. A partir de agora, o Supremo passa a julgar o mensalão apenas com dez ministros.
Patrocínio mensaleiro
Otávio Cabral
O mensalão não é o único problema do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil Henrique Pizzolato. Condenado por peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o que já o colocou na antessala da prisão, o petista também está sendo investigado por outras irregularidades ocorridas no período em que ocupou o cargo. Um inquérito da Polícia Federal apura as responsabilidades pelos repasses ilegais que o Banco do Brasil fez para competições esportivas organizadas pela agência de marketing Koch Tavares. Em cinco anos, o banco remeteu à empresa mais de 20 milhões de reais para patrocinar competições de tênis, vôlei e futebol de areia. Eventos que contaram com a participação de astros do esporte, como Gustavo Kuerten, o maior tenista da história do Brasil. A polícia já descobriu que uma parte desse dinheiro não chegou ao destino. Assim como no mensalão, sumiu. Assim como no mensalão, simulou-se a realização de serviços que nunca existiram. Assim como no mensalão, há suspeitas de que os recursos foram desviados para os bolsos de pessoas e empresas ligadas ao PT.
O departamento de marketing patrocinou, por exemplo, o Desafio de Vôlei de Praia da Bahia. Pagou 350000 reais. E quem ganhou o desafio? Ninguém, porque ele nem sequer foi realizado. As fraudes são variadas. Há casos de torneios patrocinados pelo banco que foram efetivamente realizados, mas que não contaram com uma única placa de patrocínio. E há os casos em que houve o torneio e o patrocínio, mas os preços contratados estavam muito acima dos de mercado. A polícia já sabe que havia uma relação íntima entre a turma de Henrique Pizzolato e as empresas beneficiadas com os contratos. Assim que estourou o escândalo do mensalão, José Augusto Gonçalves, subordinado a Pizzolato, deixou o banco e foi contratado por uma subsidiária do grupo Koch Tavares. Hoje, ele é diretor comercial da empresa na qual despejou milhões de reais. Desde que minguaram os patrocínios oficiais, porém, a agência passa por dificuldades. Trocou sua sede em São Paulo, despediu funcionários e responde a vários processos trabalhistas.
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terça-feira, 12 de novembro de 2013
Gavião Peixoto: projeto de desvio de Pedágio é urgente para a cidade de Gavião Peixoto.
http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2013/11/desvio-de-pedagio-provoca-acidentes-com-caminhoes-em-gaviao-peixoto.html
11/11/2013 14h22 - Atualizado em 11/11/2013 14h22
Desvio de pedágio provoca acidentes com caminhões em Gavião Peixoto
Veículos passam pelo Centro da cidade para fugir de cobrança na SP-310.
Tráfego prejudica sossego dos moradores e estrutura das residências.
Do G1 São Carlos e Araraquara
Projeto de desvio parado.
Ruas de acesso sem lombada.
A cidade inteira de Gavião Peixoto sofre com os transtornos causados pelo transito intenso.
Caminhoneiros que cortam o Centro de Gavião Peixoto (SP) para desviar de um pedágio na Rodovia Washington Luís (SP-310) têm colocado em risco a segurança dos moradores. Os veículos passam em alta velocidade, o que causa acidentes e prejuízos. O prefeito informou que tenta verbas para terminar a construção de um anel viário fora da cidade.
A aposentada Izabel Stafussa mora há 30 anos em uma rua por onde os caminhões passam. No fim do dia, ela costumava ficar sentada na calçada para ver o movimento. “Hoje não dá mais para sentar na frente, tem que ficar só dentro de casa ou lá atrás”, disse.
Além de perturbar o sossego, o tráfego intenso também afeta a segurança. Na rua do aposentado José Stafussa, os dois primeiros acidentes danificaram parte do muro. “Escapou um pneu lá em cima, desceu reto e quebrou o muro. O dono dos pneus pagou o estrago”, contou.
Caminhão quase invadiu uma casa em Gavião Peixoto (Foto: Paulo Chiari/EPTV)
Caminhão quase invadiu uma casa em Gavião
Peixoto (Foto: Paulo Chiari/EPTV)
No sábado (9), um caminhão quase invadiu a casa da auxiliar de serviços gerais Daniela Renata da Silva. O muro ficou destruído e a batida derrubou uma árvore. “Tenho minha filha e todo dia ela levanta e vem brincar na área. Nesse dia ela não levantou para brincar, mas e se ela tivesse vindo brincar? Teria acontecido algo pior”, afirmou.
Daniela alega que não tem condições de pagar pelo conserto do muro. “Fica um jogando para o outro e o prejuízo vai ficar com quem?”, questionou.
Segundo os moradores, os caminhoneiros dirigem em alta velocidade. “Tem caminhão que vira as carretas igual a tiro”, declarou Stafussa.
O tráfego dos veículos pesados abala a estrutura das casas. Em algumas, já apareceram rachaduras. “Nós estamos arrumando a casa porque trincou as paredes. Tem horas que passam até 15 carretas”, contou o aposentado Aparecido Mattiasse.
Retorno
O prefeito Gustavo Martins Piccolo informou que está em construção um anel viário para que os caminhões não passem por dentro da cidade, mas ainda não há previsão para que a obra seja concluída.
“Começamos desde o meio do ano a abrir o anel viário para que a gente consiga desviar o tráfego desses caminhões. Na verdade, são três pontos em Gavião que sofrem com esse desvio de rota dos caminhoneiros”, afirmou.
Piccolo informou ainda que a Prefeitura não vai pagar os estragos causados por acidentes com os caminhões e que está tentando verbas com os governos estadual e federal para terminar o anel viário, principalmente, o asfalto.
Para desviar de pedágio, caminhões cruzam o centro de Gavião Peixoto (Foto: Paulo Chiari/EPTV)
Para desviar de pedágio, caminhões cruzam o centro de Gavião Peixoto (Foto: Paulo Chiari/EPTV)
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11/11/2013 14h22 - Atualizado em 11/11/2013 14h22
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Caminhão quase invadiu uma casa em Gavião Peixoto (Foto: Paulo Chiari/EPTV)
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Peixoto (Foto: Paulo Chiari/EPTV)
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Daniela alega que não tem condições de pagar pelo conserto do muro. “Fica um jogando para o outro e o prejuízo vai ficar com quem?”, questionou.
Segundo os moradores, os caminhoneiros dirigem em alta velocidade. “Tem caminhão que vira as carretas igual a tiro”, declarou Stafussa.
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Para desviar de pedágio, caminhões cruzam o centro de Gavião Peixoto (Foto: Paulo Chiari/EPTV)
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sexta-feira, 25 de outubro de 2013
REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA , DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE (REGRAS DE BEIJING)
REGRAS MÍNIMAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ADMINISTRAÇÃO
DA JUSTIÇA , DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
(REGRAS DE BEIJING)
PRIMEIRA PARTE - PRINCÍPlOS GERAIS
1. Orientações fundamentais
1.1 Os Estados Membros procurarão, em consonância com seus respectivos interesses gerais, promover o bem-estar da criança e do adolescente e de sua família.
1.2 Os Estados Membros se esforçarão para criar condições que garantam à criança e ao adolescente uma vida significativa na comunidade, fomentando, durante o período de idade em que ele é mais vulnerável a um comportamento desviado, um processo de desenvolvimento pessoal e de educação o mais isento possível do crime e da delinqüência.
1.3 Conceder-se-á a devida atenção à adoção de medidas concretas que permitam a mobilização de todos os recursos disponíveis, com a inclusão da família, de voluntários e outros grupos da comunidade, bem como da escola e de demais instituições comunitárias, com o fim de promover o bem-estar da criança e do adolescente, reduzir a necessidade da intervenção legal e tratar de modo efetivo, eqüitativo e humano a situação de conflito com a lei.
1.4 A Justiça da Infância e da Juventude será concebida como parte integrante do processo de desenvolvimento nacional de cada país e deverá ser administrada no marco geral de justiça social para todos os jovens, de maneira que contribua ao mesmo tempo para a sua proteção e para a manutenção da paz e da ordem na sociedade.
1.5 As presentes regras se aplicarão segundo o contexto das condições econômicas, sociais e culturais que predominem em cada um dos Estados Membros.
1.6 Os serviços da Justiça da Infância e da Juventude se aperfeiçoarão e se coordenarão sistematicamente com vistas a elevar e manter a competência de seus funcionários, os métodos, enfoques e atitudes adotadas.
2. Alcance das regras e definições utilizadas
2.1 As regras mínimas uniformes que se enunciam a seguir se aplicarão aos jovens infratores com imparcialidade, sem distinção alguma, por exemplo, de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição.
2.2 Para os fins das presentes regras, os Estados Membros aplicarão as definições seguintes, de forma compatível com seus respectivos sistemas e conceitos jurídicos:
a) jovem é toda a criança ou adolescente que, de acordo com o sistema jurídico respectivo, pode responder por uma infração de forma diferente do adulto;
b) infração é todo comportamento (ação ou omissão) penalizado com a lei, de acordo com o respectivo sistema jurídico;
c) jovem infrator é aquele a quem se tenha imputado o cometimento de uma infração ou que seja considerado culpado do cometimento de uma infração.
2.3 Em cada jurisdição nacional procurar-se-á promulgar um conjunto de leis, normas e disposições aplicáveis especificamente aos jovens infratores, assim como aos órgãos e instituições encarregados das funções de administração da Justiça da Infância e da Juventude, com a finalidade de:
a) satisfazer as diversas necessidades dos jovens infratores, e ao mesmo tempo proteger seus direitos básicos;
b) satisfazer as necessidades da sociedade;
c) aplicar cabalmente e com justiça as regras que se enunciam a seguir.
3. Ampliação do âmbito de aplicação das regras
3.1 As disposições pertinentes das regras não só se aplicarão aos jovens infratores, mas também àqueles que possam ser processados por realizar qualquer ato concreto que não seria punível se fosse praticado por adultos.
3.2 Procurar-se-á estender o alcance dos princípios contidos nas regras a todos os jovens compreendidos nos procedimentos relativos à atenção à criança e ao adolescente e a seu bem-estar.
3.3 Procurar-se-á também estender o alcance dos princípios contidos nas regras aos infratores adultos jovens.
4. Responsabilidade penal
4.1 Nos sistemas jurídicos que reconheçam o conceito de responsabilidade penal para jovens, seu começo não deverá fixar-se numa idade demasiado precoce, levando-se em conta as circunstâncias que acompanham a maturidade emocional, mental e intelectual.
5. Objetivos da Justiça da Infância e da Juventude
5.1 O sistema de Justiça da Infância e da Juventude enfatizará o bem-estar do jovem e garantirá que qualquer decisão em relação aos jovens infratores será sempre proporcional às circunstâncias do infrator e da infração.
6. Alcance das faculdades discricionárias
6.1 Tendo-se em conta as diversas necessidades especiais dos jovens, assim como a diversidade de medidas disponíveis, facultar-se-á uma margem suficiente para o exercício de faculdades discricionárias nas diferentes etapas dos processos e nos distintos níveis da administração da Justiça da Infância e da Juventude, incluídos os de investigação, processamento, sentença e das medidas complementares das decisões.
6.2 Procurar-se-á, não obstante, garantir a devida competência em todas as fases e níveis no exercício de quaisquer dessas faculdades discricionárias.
6.3 Quem exercer tais faculdades deverá estar especialmente preparado ou capacitado para fazê-lo judiciosamente e em consonância com suas respectivas funções e mandatos.
7. Direitos dos jovens
7.1 Respeitar-se-ão as garantias processuais básicas em todas as etapas do processo, como a presunção de inocência, o direito de ser informado das acusações, o direito de não responder, o direito à assistência judiciária, o direito à presença dos pais ou tutores, o direito à confrontação com testemunhas e a interrogá-las e o direito de apelação ante uma autoridade superior.
8. Proteção da intimidade
8.1 Para evitar que a publicidade indevida ou o processo de difamação prejudiquem os jovens, respeitar-se-á, em todas as etapas, seu direito à intimidade.
8.2 Em princípio, não se publicará nenhuma informação que possa dar lugar à identificação de um jovem infrator.
9. Cláusula de salvaguarda
9.1 Nenhuma disposição das presentes regras poderá ser interpretada no sentido de excluir os jovens do âmbito da aplicação das Regras Mínimas Uniformes para o Tratamento dos Prisioneiros, aprovadas pelas Nações Unidas, e de outros instrumentos e normas relativos ao cuidado e à proteção dos jovens reconhecidos pela comunidade internacional.
SEGUNDA PARTE - lNVESTIGAÇÃO E PROCESSAMENTO
10. Primeiro contato
1O.1 Sempre que um jovem for apreendido, a apreensão será notificada imediatamente a seus pais ou tutor e, quando não for possível tal notificação imediata, será notificada aos pais ou tutor no mais breve prazo possível.
1O.2 O juiz, funcionário ou organismo competentes examinarão sem demora a possibilidade de pôr o jovem em liberdade.
1O.3 Os contatos entre os órgãos encarregados de fazer cumprir a lei e o jovem infrator serão estabelecidos de modo a que seja respeitada a sua condição jurídica, promova-se o seu bem-estar e evite-se que sofra dano, resguardando-se devidamente as circunstâncias do caso.
11. Remissão dos casos
11.1 Examinar-se-á a possibilidade, quando apropriada, de atender os jovens infratores sem recorrer às autoridades competentes, mencionadas na regra 14.1 adiante, para que os julguem oficialmente.
11. 2 A polícia, o ministério público e outros organismos Que se ocupem de jovens infratores terão a faculdade de arrolar tais casos sob sua jurisdição, sem necessidade de procedimentos formais, de acordo com critérios estabelecidos com esse propósito nos respectivos sistemas jurídicos e também em harmonia com os princípios contidos nas presentes regras.
11.3 Toda remissão que signifique encaminhar o jovem a instituições da comunidade ou de outro tipo dependerá do consentimento dele, de seus pais ou tutores; entretanto, a decisão relativa à remissão do caso será submetida ao exame de uma autoridade competente, se assim for solicitado.
11.4 Para facilitar a tramitação jurisdicional dos casos de jovens, procurar-se-á proporcionar à comunidade programas tais como orientação e supervisão temporária, restituição e compensação das vítimas.
12. Especialização policial
12.1 Para melhor desempenho de suas funções, os policiais que tratem freqüentemente ou de maneira exclusiva com jovens ou que se dediquem fundamentalmente à prevenção da delinqüência de jovens receberão instrução e capacitação especial. Nas grandes cidades, haverá contingentes especiais de polícia com essa finalidade.
13. Prisão preventiva
13.1 Só se aplicará a prisão preventiva como último recurso e pelo menor prazo possível.
13.2 Sempre que possível, a prisão preventiva será substituída por medidas alternativas, como a estrita supervisão, custódia intensiva ou colocação junto a uma família ou em lar ou instituição educacional.
13.3 Os jovens que se encontrem em prisão preventiva gozarão de todos os direitos e garantias previstos nas Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros, aprovadas pelas Nações Unidas.
13.4 Os jovens que se encontrem em prisão preventiva estarão separados dos adultos e recolhidos a estabelecimentos distintos ou em recintos separados nos estabelecimentos onde haja detentos adultos.
13.5 Enquanto se encontrem sob custódia, os jovens receberão cuidados, proteção e toda assistência - social, educacional, profissional, psicológica, médica e física que requeiram, tendo em conta sua idade, sexo e características individuais.
TERCEIRA PARTE - DECISÃO JUDICIAL E MEDIDAS
14. Autoridade competente para decidir
14.1 Todo jovem infrator, cujo caso não tenha sido objeto de remissão (de acordo com a regra será apresentado à autoridade competente Juizado, tribunal, junta, conselho etc.), que decidirá de acordo com os princípios de um processo imparcial e justo.
14.2 Os procedimentos favorecerão os interesses do jovem e serão conduzidos numa atmosfera de compreensão, que lhe permita participar e se expressar livremente.
15. Assistência judiciária e direitos dos pois o tutores
15.1 O jovem terá direito a se fazer representar por um advogado durante todo o processo ou a solicitar assistência judiciária gratuita, quando prevista nas leis do país.
15.2 Os pais ou tutores terão direito de participar dos procedimentos e a autoridade competente poderá requerer a sua presença no interesse do jovem. Não obstante, a autoridade competente poderá negar a participação se existirem motivos para presumir que a exclusão é necessária aos interesses do jovem.
16. Relatórios de investigação social
16.1 Para facilitar a adoção de uma decisão justa por parte da autoridade competente, a menos que se tratem de infrações leves, antes da decisão definitiva será efetuada uma investigação completa sobre o meio social e as circunstâncias de vida do jovem e as condições em que se deu a prática da infração.
17. Princípios norteadores da decisão judicial o das medidas
17.1 A decisão da autoridade competente pautar-se-á pelos seguintes princípios:
a) a resposta à infração será sempre proporcional não só às circunstâncias e à gravidade da infração, mas também às circunstâncias e às necessidades do jovem, assim como às necessidades da sociedade;
b) as restrições à liberdade pessoal do jovem serão impostas somente após estudo cuidadoso e se reduzirão ao mínimo possível;
c) não será imposta a privação de liberdade pessoal a não ser que o jovem tenha praticado ato grave, envolvendo violência contra outra pessoa ou por reincidência no cometimento de outras infrações sérias, e a menos que não haja outra medida apropriada;
d) o bem-estar do jovem será o fator preponderante no exame dos casos.
17.2 A pena capital não será imposta por qualquer crime cometido por jovens.
17.3 Os jovens não serão submetidos a penas corporais.
17.4 A autoridade competente poderá suspender o processo em qualquer tempo.
18. Pluralidade das medidas aplicáveis
18.1 Uma ampla variedade de medidas deve estar à disposição da autoridade competente, permitindo a flexibilidade e evitando ao máximo a institucionalização.
Tais medidas, que podem algumas vezes ser aplicadas simultaneamente, incluem:
a) determinações de assistência, orientação e supervisão;
b) liberdade assistida;
c) prestação de serviços à comunidade;
d) multas, indenizações e restituições;
e) determinação de tratamento institucional ou outras formas de tratamento;
f)determinação de participar em sessões de grupo e atividades similares;
g) determinação de colocação em lar substituto, centro de convivência ou outros estabelecimentos educativos;
h) outras determinações pertinentes.
18.2 Nenhum jovem será excluído, total ou parcialmente, da supervisão paterna, a não ser que as circunstâncias do caso o tornem necessário.
19. Caráter excepcional da institucionalização
19.1 A internação de um jovem em uma instituição será sempre uma medida de último recurso e pelo mais breve período possível.
20. Prevenção de demoras desnecessárias
20.1 Todos os casos tramitarão, desde o começo, de maneira expedita e sem demoras desnecessárias.
21. Registros
21.1 Os registros de jovens infratores serão de caráter estritamente confidencial e não poderão ser consultados por terceiros. Só terão acesso aos arquivos as pessoas que participam diretamente da tramitação do caso ou outras pessoas devidamente autorizadas.
21.2 Os registros dos jovens infratores não serão utilizados em processos de adultos em casos subseqüentes que envolvam o mesmo infrator.
22. Necessidade de profissionalismo e capacitação
22.1 Serão utilizados a educação profissional, o treinamento em serviço, a reciclagem e outros meios apropriados de instrução para estabelecer e manter a necessária competência profissional de todo o pessoal que se ocupa dos casos de jovens.
22.2 O quadro de servidores da Justiça da Infância e da Juventude deverá refletir as diversas características dos jovens que entram em contato com o sistema. Procurar-se-á garantir uma representação eqüitativa de mulheres e minorias nos órgãos da Justiça da Infância e da Juventude.
QUARTA PARTE - TRATAMENTO EM MEIO ABERTO
23. Execução efetivadas medidas
23.1 Serão adotadas disposições adequadas para o cumprimento das determinações ditadas pela autoridade competente, mencionadas na regra 14.1, por essa mesma autoridade ou por outra diferente, se as circunstâncias assim o exigirem.
23.2 Tais dispositivos incluirão a faculdade da autoridade competente para modificar periodicamente as determinações segundo considere adequado, desde que a modificação se paute pelos princípios enunciados nestas regras.
24. Prestação da assistência necessária
24.1 Procurar-se-á proporcionar aos jovens, em todas as etapas dos procedimentos, assistência em termos de alojamento, ensino e capacitação profissional, emprego ou qualquer outra forma de assistência útil e prática para facilitar o processo de reabilitação.
25. Mobilização de voluntários e outros serviços comunitários
25.1 Os voluntários, as organizações voluntárias, as instituições locais e outros recursos da comunidade serão chamados a contribuir eficazmente para a reabilitação do jovem num ambiente comunitário e, tanto quanto possível, na unidade familiar.
QUINTA PARTE - TRATAMENTO INSTITUCIONAL
26. Objetivos do tratamento institucional
26.1 A capacitação e o tratamento dos jovens colocados em instituições têm por objetivo assegurar seu cuidado, proteção, educação e formação profissional para permitir-lhes que desempenhem um papel construtivo e produtivo na sociedade.
26.2 Os jovens institucionalizados receberão os cuidados, a proteção e toda a assistência necessária social, educacional, profissional, psicológica, médica e física que requeiram devido à sua idade, sexo e personalidade e no interesse do desenvolvimento sadio.
26.3 Os jovens institucionalizados serão mantidos separados dos adultos e serão detidos em estabelecimentos separados ou em partes separadas de um estabelecimento em que estejam detidos adultos.
26.4 A jovem infratora institucionalizada merece especial atenção no que diz respeito às suas necessidades e problemas pessoais. Em nenhum caso receberá menos cuidado, proteção, assistência, tratamento e capacitação que o jovem do sexo masculino. Será garantido seu tratamento eqüitativo.
26.5 No interesse e para o bem-estar do jovem institucionalizado, os pais e tutores terão direito de acesso às instituições.
26.6 Será estimulada a cooperação interministerial e interdepartamental para proporcionar adequada formação educacional ou, se for o caso, profissional ao jovem institucionalizado, para garantir que, ao sair, não esteja em desvantagem no plano da educação.
27. Aplicação das Regras Mínimas para o Tratamento dos Prisioneiros, aprovadas pelas Nações Unidas
27.1 Em princípio, as Regras Mínimas para o Tratamento dos Prisioneiros e as recomendações conexas serão aplicáveis, sempre que for pertinente, ao tratamento dos jovens infratores institucionalizados, inclusive os que estiverem em prisão preventiva.
27.2 Deverão ser feitos esforços para implementar os princípios relevantes das mencionadas Regras Mínimas na maior medida possível, para satisfazer as necessidades específicas do jovem quanto à sua idade, sexo e personalidade.
28. Uso freqüente e imediato da liberdade condicional
28.1 A liberdade condicional da instituição será utilizada pela autoridade pertinente na maior medida possível e será concedida o mais cedo possível.
28.2 O jovem liberado condicionalmente de uma instituição será assistido e supervisionado por funcionário designado e receberá total apoio da comunidade.
29. Sistemas semi-institucionais
29.1 Procurar-se-á estabelecer sistemas semi-institucionais, como casas de semiliberdade, lares educativos, centros de capacitação diurnos e outros sistemas apropriados que possam facilitar a adequada reintegração dos jovens na sociedade.
SEXTA PARTE - PESQUISA, PLANEJAMENTO E FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS E AVALIAÇÃO
30. A Pesquisa mo base do planejamento e da formulação e a avaliação de políticas
30.1 Procurar-se-á organizar e fomentar as pesquisas necessárias como base do efetivo planejamento e formulação de políticas.
30.2 Procurar-se-á revisar e avaliar periodicamente as tendências, os problemas e as causas da delinqüência e da criminalidade de jovens, assim como as diversas necessidades particulares do jovem sob custódia.
30.3 Procurar-se-á estabelecer regularmente um mecanismo de avaliação e pesquisa no sistema de administração da Justiça da Infância e da Juventude, e coletar e analisar os dados e a informação pertinentes com vistas à devida avaliação e ao aperfeiçoamento do sistema.
30.4 A prestação de serviços na administração da Justiça da Infância e da Juventude será sistematicamente planejada e executada como parte integrante dos esforços de desenvolvimento nacional. Tradução em português de Maria Josefina Becker. Estas Regras foram publicadas pela primeira vez, em português, pela FUNABEM em 1988.
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